A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno volvió a colocar en la agenda uno de los debates más sensibles de su programa económico: la reforma laboral. El tema se discute dentro del Consejo de Mayo, un espacio tripartito donde confluyen el sector empresario, los sindicatos y representantes del oficialismo, y que sesiona una vez por mes.
La iniciativa, que el Ejecutivo planea impulsar después de los comicios, fue explicada públicamente por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí volvió sobre un concepto que ya había introducido en el Coloquio de IDEA: los llamados “salarios dinámicos”.
Qué son los “salarios dinámicos”
Cordero describió el proyecto como “un enfoque novedoso que puede incorporarse sin necesidad de modificar la ley, aunque podría hacerlo”. Según explicó, el objetivo es vincular la remuneración de los trabajadores con la productividad individual, identificando indicadores objetivos de eficiencia y desempeño.
La propuesta busca “remuneraciones acordes a la productividad”, un criterio que, para el Gobierno, podría aplicarse progresivamente sin alterar el esquema general de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, los laboralistas advierten que resulta complejo establecer pautas homogéneas de productividad, sobre todo en sectores administrativos o de servicios.
En la industria, donde la medición del rendimiento es más clara, el modelo podría aplicarse con mayor facilidad. En cambio, en los convenios colectivos generales —que abarcan a amplias ramas de actividad— el cálculo sería mucho más difícil. Por eso, el Ejecutivo apunta a promover convenios por empresa, siguiendo el modelo que ya aplican algunas automotrices junto al gremio Smata.
El principio de prelación, en la mira
Para avanzar en esa dirección, el Gobierno propone modificar el principio de prelación, un eje central de la legislación laboral argentina. Este principio establece que siempre debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, lo que impide que un convenio por empresa tenga condiciones inferiores a las de uno colectivo.
Empresarios y funcionarios buscan introducir una excepción que permita acuerdos con mayor flexibilidad y salarios ajustados por productividad. “Quieren instalar que los convenios por empresa no necesariamente deban ser superadores. Si se multiplican esos acuerdos, podrían incorporar la idea de salarios dinámicos”, explicó una fuente cercana a la negociación.
Desde la CGT, sin embargo, el rechazo es total. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, afirmó en una carta pública que “la pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, una decisión inconsulta y judicializada con éxito por nuestra central sindical”.
El debate por la ultractividad
Otro de los ejes de la reforma es la eliminación de la ultractividad, el principio que mantiene vigentes los convenios colectivos después de su vencimiento hasta la firma de uno nuevo. Según el oficialismo, su derogación permitiría negociaciones más ágiles y adaptadas al contexto productivo.
El objetivo sería limitar la validez automática de las cláusulas que otorgan beneficios al sindicato, como los aportes para sepelio, capacitación u obras sociales, sin afectar los derechos básicos de los trabajadores. “Si eliminás la ultractividad, generás negociaciones más dinámicas y vinculadas con la productividad”, explicó una fuente cercana al Consejo de Mayo.
Aportes sindicales voluntarios
El Gobierno también busca introducir la voluntariedad de los aportes sindicales. En el borrador del proyecto figura que todos los descuentos deberán contar con la autorización expresa de cada trabajador, un punto que ya había generado conflicto en la versión anterior de la reforma incluida en el DNU 70/23.
El oficialismo considera que esta medida fomentará la libertad sindical y la transparencia en el manejo de fondos. Sin embargo, desde la CGT advierten que podría debilitar la representación colectiva y limitar la capacidad financiera de los gremios para sostener obras sociales y actividades formativas.
Una reforma que promete tensiones
En su exposición en IDEA, Cordero reconoció que los convenios colectivos actuales son demasiado extensos y rígidos. Y que “no habrá tema laboral que quede fuera del debate”. El funcionario adelantó que el Gobierno impulsará una modernización integral del sistema laboral luego de las elecciones. En sintonía con las reformas estructurales que promueve el Consejo de Mayo.
Por ahora, la CGT se mantiene en pie de guerra y advierte que judicializará cualquier intento de reforma que no surja del consenso tripartito. Mientras tanto, los empresarios esperan que el resultado electoral fortalezca al Gobierno para avanzar en una nueva legislación que, según plantean, permita “recuperar la competitividad y dinamizar el empleo formal”.
