Un grupo de manifestantes entró este viernes por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano y pide hablar con las autoridades para reclamar contra los recortes en el área. Entre quienes protestan hay mayormente trabajadores de distintas dependencias que piden una mejora en sus salarios. Además, acompañan profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad que cuestionan la política del Gobierno nacional hacia el sector.
La concentración comenzó en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067. Según trascendió, el conflicto escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa. Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno. El episodio refleja la creciente tensión en el sector tras meses de reclamos sin respuesta satisfactoria.
La protesta ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial en torno al manejo de la ANDIS y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El organismo viene siendo cuestionado desde el escándalo que derivó en la salida de Diego Spagnuolo de la titularidad, acusado de presuntas irregularidades en compras de medicamentos. El conflicto institucional se suma ahora a los reclamos sectoriales por recortes presupuestarios.
ANDIS: Ley suspendida por falta de financiamiento
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la «falta de financiamiento específico» y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario. La argumentación oficial genera controversia porque la ley fue votada por el Congreso sin que el Ejecutivo objetara su viabilidad fiscal.
La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley. Los sectores involucrados consideran que la suspensión equivale a un veto encubierto de una norma sancionada por el Parlamento. El mecanismo utilizado por el Ejecutivo de promulgar pero suspender simultáneamente una ley genera interrogantes sobre su constitucionalidad.
La toma de las oficinas de ANDIS representa una escalada en el conflicto que atraviesa el sector desde el inicio de la gestión libertaria. Los recortes presupuestarios afectaron prestaciones, salarios de trabajadores y servicios para personas con discapacidad. El Gobierno sostiene que el ajuste fiscal es irrenunciable y que todas las áreas deben contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
AHORA | Tensión en ANDIS: los manifestantes entraron a la sucursal de Belgrano
— C5N (@C5N) October 17, 2025
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