Argentina atraviesa una jornada clave en el litigio internacional por la expropiación de YPF, el caso judicial más grande contra un Estado soberano en la historia de Estados Unidos. La audiencia de apelación se desarrolla este miércoles al mediodía en Nueva York, donde la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito revisa la sentencia de la jueza Loretta Preska, que en primera instancia condenó al país a pagar cerca de USD 16.000 millones más intereses, una cifra que ya asciende a unos USD 18.000 millones.
La sesión se lleva adelante en el Thurgood Marshall Courthouse, en Manhattan, y está a cargo de los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. El fallo será revisado luego de más de una década de litigio que atravesó cuatro gobiernos argentinos y dejó al país frente a un escenario financiero crítico.
La estrategia argentina
La defensa argentina, representada por la Procuración del Tesoro —a cargo de Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira— y el estudio Sullivan & Cromwell LLP, apuntará a cuestionar la jurisdicción estadounidense, el monto total de la condena y el cálculo de los intereses aplicados.
“Este juicio nunca debió hacerse en Estados Unidos. No tiene jurisdicción y el monto es incorrecto”, aseguraron fuentes cercanas a la Procuración. De acuerdo con estimaciones del equipo técnico, si se eliminan los intereses, la sentencia podría reducirse a USD 5.000 millones, y aún menos si se revisa el capital original.
El objetivo del Gobierno es lograr una reducción sustancial del monto o, en el mejor escenario, una nulidad parcial del fallo. Una resolución favorable aliviaría la presión sobre las reservas y reforzaría la posición negociadora del país ante organismos internacionales y acreedores privados.
Burford Capital, el fondo que financia el litigio
El demandante es Burford Capital, un fondo inglés especializado en financiar juicios internacionales. Y que compró los derechos de la demanda tras la estatización de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Burford busca, además, reincorporar a YPF al proceso, de la que fue eximida hace dos años.
En un comunicado, la firma británica advirtió: “Intentar inferir la inclinación de un juez a partir de su comportamiento durante la audiencia no es un método confiable”. No obstante, los analistas prevén una jornada intensa, con cruces duros entre los magistrados y los representantes legales de ambas partes.
Un juicio que atraviesa gobiernos y décadas
El caso YPF se ha extendido a lo largo de cuatro presidencias —Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei—. Y sin que ninguno de los gobiernos lograra revertir el rumbo judicial. El conflicto se originó en 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF sin realizar la oferta pública obligatoria a los accionistas minoritarios.
Preska consideró que esa omisión violó el estatuto de la empresa y determinó una compensación multimillonaria. En un fallo que ahora busca ser revertido o al menos atenuado.
Impacto económico y plazos judiciales
El desenlace de la apelación no será inmediato. Según los antecedentes del tribunal, la resolución podría demorar al menos siete meses. La parte que resulte desfavorecida podrá pedir una reconsideración ante el mismo panel. O, de manera excepcional, acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, que solo acepta un número limitado de casos cada año.
En el Ministerio de Economía advierten que una reducción del fallo sería un alivio significativo para la política de reservas y los pagos internacionales. “Una decisión favorable no solo tendría impacto financiero, también sería un mensaje político hacia los inversores”, sostienen cerca de Luis Caputo.
