El Gobierno nacional oficializó este jueves el nuevo Marco Regulatorio de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), un cambio clave que habilita la privatización del servicio y autoriza el corte del suministro por falta de pago, entre otras disposiciones. La medida se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete nacional.
El nuevo esquema se enmarca dentro de lo establecido por la Ley Bases N° 27.742, sancionada a mediados de este año, que incorporó a AySA en la lista de empresas “sujetas a privatización”. En julio, el Ejecutivo ya había dado un primer paso en esa dirección con el DNU 493/2025, que modificó el marco legal vigente y abrió la puerta al traspaso del servicio al sector privado.
De esta manera, el Gobierno avanza en uno de los ejes centrales de su política de reestructuración del Estado, impulsando la descentralización y la apertura de servicios públicos estratégicos al capital privado. Bajo este marco, AySA deberá garantizar el mantenimiento y la extensión de las redes, pero ya no necesariamente bajo gestión estatal directa.
Privatización y período de transición
Según el artículo 126 del nuevo reglamento, el Ejecutivo podrá celebrar un Contrato de Concesión para asegurar “una implementación ordenada y progresiva” del nuevo esquema, con un período de transición que no podrá exceder los cinco años una vez formalizada la privatización.
El texto aclara que, durante ese lapso, el servicio deberá continuar sin interrupciones y bajo los parámetros de calidad establecidos. Sin embargo, el eventual concesionario, sea una empresa o un consorcio privado, asumirá las responsabilidades operativas, administrativas y comerciales del servicio.
En ese sentido, el decreto establece que AySA deberá mantener y renovar las redes externas, además de conectarlas para el uso común tanto en hogares residenciales como en establecimientos comerciales o industriales.
Corte de suministro por falta de pago
Uno de los puntos más sensibles del nuevo marco es el artículo 81. Este faculta a la empresa o concesionario a cortar el servicio de agua en caso de mora. En concreto, se permitirá interrumpir el suministro cuando exista una factura impaga con más de 60 días de atraso para usuarios residenciales. A su vez, 15 días para no residenciales, contados desde el segundo vencimiento.
La norma también obliga a intimar el pago con al menos siete días hábiles de anticipación antes del corte. Además, establece cargos adicionales por mora e intereses. Este cambio marca una diferencia sustancial respecto del régimen anterior, que limitaba la suspensión del servicio por razones de salud pública. Además, consideraba el acceso al agua como un derecho esencial.
Un cambio estructural en la política de servicios públicos
La aprobación del nuevo marco regulatorio de AySA representa un paso decisivo en el plan de reformas estructurales del Gobierno de Javier Milei, orientado a reducir la participación del Estado en la gestión de empresas públicas. Bajo este esquema, la compañía podrá ser transferida al sector privado con un régimen de control estatal limitado a aspectos técnicos y regulatorios.
De esta manera, la gestión libertaria busca avanzar con el proceso de privatización progresiva de empresas de servicios. Siguiendo así la línea de los anuncios hechos tras la aprobación de la Ley Bases. Según fuentes oficiales, la medida busca “mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un servicio sostenible a largo plazo”.
