El retorno al país del empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, señalado como una pieza fundamental en el presunto entramado de sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), terminó convertido en un escándalo. El juez Sebastián Casanello había ordenado secuestrar sus dispositivos electrónicos apenas aterrizara en Buenos Aires, pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección Nacional de Migraciones demoraron el procedimiento y, cuando finalmente intentaron intervenir, el teléfono ya no estaba.
Mastropietro había viajado desde Miami el sábado 15 en un avión privado con plan de vuelo directo, aunque la aeronave realizó una parada inesperada en Tucumán, donde hizo una llamada cuyo destinatario aún no fue identificado. Ese desvío generó alarma entre los investigadores, que esperaban concretar la requisa en Aeroparque Jorge Newbery.
Cuando llegó al país, debía ser retenido para entregar sus dispositivos. Sin embargo, los agentes lo dejaron pasar. Cuando el juzgado advirtió la situación y ordenó detener su salida, ya estaba fuera de la terminal. Según los organismos involucrados, al interceptarlo y pedirle el celular, dijo que lo había dejado en un lugar y que había “desaparecido”, una versión que los funcionarios calificaron como poco creíble.
Cruces entre los organismos y registros reservados
La PSA asegura que Migraciones detectó la restricción recién cuando el empresario ya había salido del control y que, al buscarlo, avisaron de inmediato al juzgado. El operativo concluyó sin resultados. El Ministerio de Seguridad instruyó entregar todos los registros fílmicos a la Policía Federal, mientras en Comodoro Py analizan si el incumplimiento del procedimiento amerita una denuncia.
El episodio se suma al antecedente del avión privado que trajo al país en febrero a Laura Arrieta, empleada del empresario Leonardo Scatturice, cercano al oficialismo a través de Santiago Caputo. En aquella oportunidad, diez valijas ingresaron sin control, pese a que el Gobierno lo negó hasta que aparecieron las imágenes. La situación reactivó el debate sobre el funcionamiento de las áreas de control aeroportuario.
El rol de Mastropietro en el presunto circuito de corrupción
La investigación judicial sostiene que Mastropietro actuó como administrador y presunto legitimador de fondos provenientes del esquema de direccionamiento de compras dentro del programa “Incluir Salud”. Según la fiscalía, operaba junto a Miguel Ángel Calvete y otros funcionarios. Y articulando movimientos de dinero que habrían involucrado proveedores favorecidos, retornos pactados y contratos simulados.
Uno de los puntos más comprometidos es la relación con Baires Fly S.A., la empresa aeronáutica vinculada a los vuelos privados del empresario. El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió archivos con transferencias por cientos de millones de pesos provenientes de droguerías bajo sospecha, como Profarma, Prolite Orthopedics y Probock. Minutos después, Baires Fly emitió facturas por montos idénticos por la supuesta compra de kilómetros aéreos. Para la fiscalía, el circuito aparentaba dar legalidad a fondos que serían retornos del sistema de compras direccionadas.
Las conexiones con Río Negro, donde Baires Fly y figuras políticas de ese distrito aparecen recurrentemente en la causa, también llamaron la atención. Informes reservados de Seguridad enviados a Estados Unidos detallaron que Mastropietro y su socio histórico, Fred Machado —a punto de ir a juicio por narcotráfico en ese país— compartieron domicilio, vuelos y sociedades.
Una red de vínculos, empresas y movimientos simultáneos
La investigación apunta a Mastropietro como parte del círculo de confianza de Calvete. Encargado de consultar disponibilidad de dinero en efectivo, gestionar movimientos y actuar como enlace con otros integrantes del esquema, como Alan Pocoví. Incluso visitó el domicilio privado del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, en dos ocasiones detectadas durante 2025. Y en simultáneo con la presencia de Calvete y Guadalupe Muñoz, responsable del manejo de efectivo.
Los allanamientos del 9 de octubre reforzaron la hipótesis. Mensajes recuperados muestran que, ante la irrupción judicial, Calvete ordenó activar movimientos de dinero que involucraban directamente a Mastropietro y Pocoví.
La trama societaria también suma sospechas. En 2018 creó Megastática S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de Andis, en un domicilio que coincidiría con otra sociedad vinculada a Calvete. Para los fiscales, la red de empresas operaba como soporte administrativo para canalizar fondos.
