El avance de la causa por el presunto fraude con el criptoactivo $LIBRA sumó un nuevo capítulo que desató un fuerte malestar entre los inversores damnificados. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió revocar la inhibición general sobre los bienes de los principales imputados y reemplazarla por embargos mínimos de US$ 25.400, un monto insignificante frente a los reclamos que, según los propios querellantes, alcanzarían al menos US$ 5 millones. La decisión se tomó con el aval del fiscal federal Eduardo Taiano, quien aseguró que no tenía objeciones al pedido de las defensas.
La medida beneficia directamente al empresario estadounidense Hayden Davis, al exfuncionario de la CNV Sergio Morales, y a los operadores argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, junto con su madre y su hermana. Todos habían solicitado la revisión de la cautelar que congelaba la totalidad de sus bienes, argumentando que se trataba de una acción “desproporcionada” y un “exceso inadmisible”.
Los abogados señalaron que los reclamos acreditados en el expediente apenas alcanzaban los US$ 20.000, y que bloquear la totalidad del patrimonio de sus clientes representaba una afectación indebida al derecho de propiedad. También sostuvieron que la investigación patrimonial —que incluyó movimientos bancarios, fiscales y financieros— invadía la privacidad de los imputados.
El fiscal Taiano apoyó el pedido y destrabó la decisión del magistrado
Sorprendentemente para los querellantes, el fiscal Taiano respaldó la postura de las defensas. En un escrito posterior, confirmó que, teniendo en cuenta el estado actual de la investigación, no tenía objeciones para que el juez redujera el alcance de la medida cautelar. Con ese aval, Martínez de Giorgi dejó sin efecto la prohibición de innovar dictada el 6 de noviembre. Y dispuso embargos limitados al monto mencionado y por un plazo de solo 90 días.
La reacción entre los damnificados fue inmediata. Uno de los abogados que representa a inversores engañados expresó su indignación. “Nosotros tenemos acreditados reclamos mucho mayores y Davis admitió manejar más de cien millones de dólares vinculados con Argentina. Y lo embargan por el equivalente a un Toyota Corolla 2019. Es ridículo”.
Una contradicción interna en el propio fallo del juez
El malestar creció aún más cuando se conoció un detalle incluido por el propio juez en su resolución. Martínez de Giorgi señaló que, según las actuaciones vigentes, el perjuicio económico denunciado en el expediente ascendería a solo US$ 12.000. Esa afirmación contrasta con los reclamos totales de los damnificados, que aseguran que las inversiones captadas por Davis y sus socios superarían holgadamente los US$ 5 millones. Incluso con movimientos que habrían sido canalizados a través de “cuevas” y terceros operadores.
La reducción de embargos también alcanzó a dos cambistas que aparecieron en la ruta del dinero: el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el jubilado argentino Orlando Rodolfo Mellino, quienes igualmente quedaron sujetos a restricciones mínimas y temporales.
Un fallo que se suma al revés sufrido en Estados Unidos
La decisión del juez argentino llegó apenas 48 horas después de otro revés para los querellantes. En Nueva York, la jueza federal Jennifer L. Rochon rechazó el pedido de quienes impulsan la “class action” para imponer límites a los movimientos de las billeteras virtuales de Davis y otros implicados. Según la magistrada, los demandantes no demostraron que existiera un riesgo real de “daño irreparable”.
Los abogados de Davis, además, anunciaron en ese mismo tribunal la creación de un fideicomiso llamado “The Libra Trust”, supuestamente destinado a financiar pymes argentinas. La existencia de ese vehículo financiero despertó aún más sospechas entre los damnificados, que consideran que podría usarse para desviar activos y dificultar futuras recuperaciones.
