La causa que expone un entramado de presunta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó esta semana con un pedido contundente del fiscal federal Franco Picardi: la detención de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, y otros cinco involucrados. El juez federal Sebastián Casanello convocó a Spagnuolo a declarar el próximo 19 de noviembre, en medio de un expediente que ya compromete a exfuncionarios y a representantes del sector privado vinculados a droguerías y prestadoras de insumos médicos.
El expediente se reactivó tras la aparición de audios que vinculan al ex funcionario con maniobras que, según el Ministerio Público Fiscal, revelan direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos ilegales. La investigación apunta a un circuito organizado que habría operado en perjuicio de uno de los sectores más vulnerables del Estado: las personas con discapacidad incluidas en el Programa Incluir Salud.
Los señalados y las medidas solicitadas
Además de Spagnuolo, Picardi pidió la detención de Daniel Garbellini —exdirector de Acceso a los Servicios de Salud—, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian. Para los tres primeros, reclamó también el secuestro de sus dispositivos electrónicos y su análisis forense. En el resto de los casos, incluyó allanamientos y requisas para reunir documentación vinculada a contrataciones, transacciones y movimientos económicos con droguerías como Suizo Argentina, Profarma, Genesis, New Farma y Floresta, entre otras.
En total, 15 personas fueron citadas a indagatoria, incluyendo ex funcionarios y empresarios relacionados con prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo.
Cómo funcionaba el presunto esquema
Según el Ministerio Público, Spagnuolo permitió y supervisó un sistema de compulsas acomodadas. Y diseñado para que un grupo reducido de empresas resultara adjudicatario de contratos millonarios. A cambio, habría recibido beneficios económicos indebidos. Picardi señala que tanto él como Garbellini habilitaron la intervención de personas ajenas a la agencia en decisiones sobre prestaciones, compras y administración de fondos.
Para la fiscalía, esta estructura convirtió a la ANDIS en una agencia al servicio del interés privado, vulnerando la finalidad del organismo. Y destinado a atender necesidades de personas en situación de extrema fragilidad social.
La disputa por las nulidades
La defensa de Spagnuolo —encabezada por Mauricio D’Alessandro— reclamó la nulidad de la causa. Específicamente al sostener que los audios que lo involucran serían falsos o obtenidos de manera ilegal. Argumentan que podrían haber sido manipulados o producidos mediante inteligencia artificial. Otras defensas sumaron el argumento del non bis in idem, al asegurar que una causa previa por hechos similares había sido archivada.
La Sala II de la Cámara Federal escuchó a todas las partes, aunque el juez Casanello ya había rechazado ambos planteos. Ahora los camaristas deberán resolver si mantienen la validez de la investigación o si aceptan los pedidos de anulación.
El contexto que refuerza las sospechas
Picardi subrayó que el punto de partida de la investigación no fueron los audios, sino un conjunto amplio de indicios previos. Entre ellos, el propio decreto con el que el presidente Javier Milei desplazó a Spagnuolo y Garbellini. Y donde se estableció la necesidad de limitar sus funciones “a fin de permitir que la Justicia avance en las investigaciones correspondientes”.
En la causa declararon, además, Fernando Cerimedo —exestratega comunicacional libertario— y el periodista Agustín Rodríguez. Y quienes relataron episodios que refuerzan la hipótesis de presiones internas, tensiones políticas y reclamos previos por el manejo de la agencia. Ambos coincidieron en que el extitular de la ANDIS ya había mencionado irregularidades y conflictos con figuras del entorno presidencial.
La trama detrás de los audios
En los fragmentos difundidos, quien sería Spagnuolo menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem en supuestos esquemas de sobreprecios que incluían retornos del 3% sobre contratos de droguerías con el Estado. La fiscalía insiste en que, aun si los audios fueran cuestionados, las pruebas acumuladas ya configuran un cuadro de gravedad suficiente para avanzar con las imputaciones.
Como concluyó Picardi: si Spagnuolo no participó de los actos, como mínimo tenía la obligación de denunciarlos.
