La causa Vialidad abrió una nueva fase judicial. Tras la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de ejecutar el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez, los fiscales del caso comenzaron a diseñar una herramienta inédita: una “app del decomiso” que permitirá seguir en detalle el destino de los activos recuperados. La idea es crear un sistema de consulta pública para monitorear de forma transparente las subastas y el uso de los bienes.
Según fuentes judiciales, el proyecto surge ante la magnitud del patrimonio involucrado. Se trata del decomiso más grande en la historia penal argentina: casi $685.000 millones según la actualización fijada este año, equivalentes a decenas de propiedades, terrenos y desarrollos inmobiliarios vinculados a la organización montada durante los gobiernos kirchneristas.
Una herramienta para seguir la ruta del dinero recuperado
El sistema permitirá visualizar en qué instancia se encuentra cada inmueble decomisado y qué resolución adopta la Justicia respecto de su destino: si se asigna a organismos públicos, si se utiliza para infraestructura judicial o si se envía a subasta. En algunos casos, podrían convertirse en dependencias estatales, juzgados o instituciones públicas; en otros, irán al remate para convertir los bienes en fondos líquidos.
Desde la Corte Suprema, donde el decomiso quedó firme en junio, remarcan que la decisión final sobre el uso de los bienes la tomará el máximo tribunal una vez cerradas todas las etapas procesales. Mientras tanto, los fiscales preparan el sistema para abrir al público la información.
Más de 80 propiedades ya quedaron bajo ejecución
El fallo del TOF 2 abarcó más de 80 propiedades de Báez y sus empresas, un terreno de más de 6000 metros cuadrados de Cristina Kirchner en Santa Cruz y una veintena de inmuebles cedidos en su momento a Máximo y Florencia. La Justicia determinó que todos esos bienes se vinculan de manera razonable con el circuito de corrupción investigado entre 2003 y 2015.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían identificado más de 140 bienes potencialmente decomisables. El tribunal ordenó avanzar en forma solidaria contra todos los condenados después de que venciera el plazo para que respondieran por el monto actualizado. Ninguno cumplió.
Las defensas del kirchnerismo intentaron frenar la ejecución
La expresidenta pidió anular el decomiso y objetó el cálculo económico. También aseguró que no podían ejecutar bienes anteriores a 2009. Sus hijos buscaron quedar fuera de la medida alegando que no participaron del proceso. Pero el TOF 2 rechazó esos argumentos.
Los jueces remarcaron que el decomiso no requiere la “trazabilidad científica” exigida por las defensas, sino que basta con verificar coincidencias económicas y temporales. También recordaron que alcanza tanto bienes directos como derivados, mezclados o transformados, incluso si se encuentran en manos de personas no condenadas, como los Kirchner.
Cómo puede usar la Justicia los bienes recuperados
La Corte Suprema fijó un nuevo reglamento en 2025 mediante la Acordada 22/2025. Todos los bienes decomisados deben registrarse en una base de datos obligatoria. El tribunal puede destinarlos a dependencias judiciales, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal, a fuerzas de seguridad o a organizaciones de bien público.
Si no se asignan, se subastan. Los fondos obtenidos ingresan como recursos propios del Poder Judicial. La prioridad es reforzar equipamiento, infraestructura y servicios del sistema judicial.
