La Justicia continúa avanzando con la Causa Vialidad y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizan incluir en los pedidos de decomiso el domicilio donde la ex presidente Cristina Kirchner cumple su pena de prisión domiciliaria, en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La semana pasada, el tribunal ordenó decomisar 80 propiedades pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas; además de un terreno de 6 mil metros cuadrados de la ex presidente y más de veinte inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
¿Cómo seguirá la Causa Cuadernos?
El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, deberá decidir sobre el pedido de la fiscalía. En el segundo pedido de decomisos, Luciani y Mola esperan sumar nuevas propiedades, entre ellas el departamento de 232 metros cuadrados en Constitución, comprado en 2010 por poco más de 300 mil dólares.
Este inmueble está inscripto a nombre de la empresa Hotesur, perteneciente a los hijos de la ex mandataria. La empresa afronta el embargo de sus bienes debido a una causa paralela por lavado de dinero, donde los acusados son Cristina y Máximo.
Las objeciones de la defensa
Desde la defensa se opusieron a las medidas y argumentaron que la fiscalía «no demostró un nexo causa entre los bienes identificados y el delito«. Por su parte, la ex mandataria solicitó anular la ejecución de sus bienes al tiempo que criticó la forma en la que se calculó el decomiso. Según Cristina, «ejecutar bienes adquiridos antes del 2009, año en que se firmó el decreto que la vinculó a la maniobra, es ilegítimo».
Asimismo, los hijos de la dos veces presidente señalaron que no la medida no debería alcanzarlos, ya que no guardan relación con el proceso. Los bienes sobre los que la Justicia espera avanzar fueron cedidos por Cristina Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia en 2016.
En paralelo, los jueces sostienen que «no es necesario seguir una trazabilidad científica entre los bienes y los hechos«, sino que es necesario solo acreditar la coincidencia temporal y razonabilidad económica. Asimismo, indicaron que la medida, cuyo objetivo es que el delito no rinda furtos, alcanza tanto a los «productos directos» como a «ganancias derivadas, bienes transformados, sustituidos o mezclados», además de a personas no condenadas, como la familia de la ex presidente.
