CTERA elevó una crítica contundente. La conducción nacional denunció que la Ley de Libertad Educativa busca desmantelar el rol del Estado y mercantilizar el sistema escolar. En un extenso documento, la organización advirtió un “retroceso peligroso”, según informó la entidad docente, y dejó abierto un debate que atraviesa a todo el sector educativo.
CTERA cuestionó el proyecto y alertó por un cambio de modelo
CTERA rechazó el borrador impulsado por el Gobierno. La entidad sostuvo que la Ley de Libertad Educativa apunta a derogar la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006. Señaló que la iniciativa altera principios centrales del sistema educativo.
El comunicado afirmó que el proyecto “arremete contra la escuela pública y contra derechos laborales conquistados durante años”. También denunció que busca redefinir la educación como “un servicio” sujeto a la lógica del mercado. Para la central docente, el esquema “retrocede al siglo XIX”.
La organización remarcó que la Ley de Educación Nacional fue fruto de debates amplios y participativos. Indicó que el nuevo texto aparece sin discusión democrática. También advirtió que responde a intereses empresariales del sector privado.
Críticas al financiamiento por voucher y al rol del Estado
Uno de los puntos más cuestionados fue el financiamiento basado en vouchers. CTERA sostuvo que el proyecto reemplaza la inversión educativa por un modelo que traslada el costo a las familias. Alertó que la medida profundizaría desigualdades.
La entidad también defendió el rol estatal como garante del derecho a la educación. Señaló que el proyecto reduce su función a una lógica subsidiaria. Subrayó que esto contradice principios históricos del sistema educativo argentino.
CTERA expresó preocupación por la posibilidad de introducir formación religiosa confesional en escuelas públicas. Además, cuestionó el impulso al homeschooling. Para la central, estas medidas rompen con la igualdad en el acceso a la educación.
Advertencias sobre derechos laborales y evaluación punitiva
El documento rechazó la propuesta de declarar a la educación como “servicio esencial”. Consideró que la iniciativa busca limitar el derecho a huelga. También objetó las pruebas estandarizadas obligatorias al final de cada ciclo.
La central docente denunció que la evaluación docente planteada en el proyecto tiene un carácter punitivo. Aseguró que responde a una lógica meritocrática que no mejora la calidad educativa. Sostuvo que la medida desconoce el trabajo cotidiano de las comunidades escolares.
CTERA insistió en que la eliminación de artículos de la Ley de Educación Nacional debilita compromisos básicos. Recordó que la norma fija un piso de financiamiento del 6% del PBI. También prohíbe acuerdos que conciban la educación como un servicio lucrativo.
Hugo Yasky habló de una “reforma terraplanista”
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, criticó con dureza el borrador. Lo definió como un “mamarracho terraplanista” que desarma el sistema educativo. Aseguró que la propuesta elimina la responsabilidad indelegable del Estado y transfiere la carga a las familias.
Yasky destacó que la Ley de Educación Nacional fue producto de un proceso participativo. Señaló que el nuevo proyecto circula sin autoría oficial y sin debate. Dijo que la educación puede mejorar, pero no con un texto que, según su lectura, instala un modelo regresivo.
