Un abogado cercano a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, inició conversaciones con representantes de los inversores que denunciaron pérdidas tras el colapso del criptoactivo $LIBRA. El objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo económico que permita cerrar el conflicto judicial y evitar que continúen las acusaciones que involucran al presidente Javier Milei.
Los contactos comenzaron semanas atrás en Buenos Aires. En el centro de la negociación aparece Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de extrema confianza de Karina Milei. Viola mantuvo encuentros con allegados a los damnificados argentinos en la operatoria que incluyó al estadounidense Hayden Davis y a los lobistas locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Según reconstrucciones del caso del periodista Hugo Alconada Mon, Viola llegó a los afectados a través del vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, esposo de la legisladora oficialista Pilar Ramírez. Tres fuentes aseguraron que Wasserman facilitó el contacto inicial, aunque el funcionario negó públicamente cualquier participación.
Interlocutores, mediadores y posiciones enfrentadas
Del lado de los damnificados aparece Gastón Douek, consultor en comunicación con experiencia internacional. Douek colaboraría con el equipo legal que impulsa una acción contra Milei, aunque se mostró dispuesto a explorar un acuerdo si existiera una propuesta concreta.
Dentro de estas tratativas informales, una de las fuentes sintetizó el objetivo del oficialismo: “La Casa Rosada puede negar cualquier negociación, pero Viola tiene el aval para intentar un arreglo económico que deje sin efecto la acusación por estafa”.
Desde el entorno del abogado, negaron reuniones formales pero admitieron que cualquier conversación exige como condición inicial que se despeje al Presidente de las denuncias vinculadas al criptoactivo.
Tres intentos previos para cerrar el conflicto
El camino que ahora explora Viola no es nuevo. Tras la apertura de la causa penal, los abogados de Hayden Davis tantearon la posibilidad de extinguir la acción penal con una reparación integral de alrededor de USD 100 millones. Ese intento no prosperó por dificultades jurisdiccionales: no estaba claro si el eventual depósito debía hacerse en la Argentina o en Estados Unidos.
Un segundo intento ocurrió en mayo, cuando los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, representantes de más de 30 inversores con pérdidas superiores a USD 4,5 millones, participaron de una mediación civil con los defensores de Novelli, Terrones Godoy y el exasesor de la CNV Sergio Morales. La instancia fracasó sin acuerdo.
En junio surgió un tercer contacto cuando un colaborador del abogado Fernando Burlando se comunicó con el estudio que representa a Davis. Sin embargo, tampoco avanzó: la mayoría de los damnificados no se presentaron ante la Justicia y nadie quiso asumir el “fronting”. Es decir, ser quien formalmente dé la cara ante los inversores por eventuales pagos.
La condición política del oficialismo
En sus diálogos informales, Viola puso como condición que Burlando quedara fuera de cualquier negociación. Argumentó que el abogado se había presentado como candidato en la provincia de Buenos Aires y había restado votos al espacio libertario. Según fuentes del sector, Burlando aceptó apartarse para facilitar un acuerdo, pero al no concretarse ninguna salida, volvió a involucrarse.
Mientras tanto, Viola mantiene su rol como operador en situaciones delicadas para el Gobierno. En el pasado reciente también intervino en conversaciones con el entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, cuando se filtraron audios que lo comprometían.
Organizaciones que impulsan la acusación contra Milei
Las denuncias contra el Presidente fueron impulsadas por el Inecip y el Cipce, cuyos directores, Julián Alfie y Pedro Biscay, afirmaron en abril que la memecoin $LIBRA constituía “un caso excepcional de corrupción”. En una presentación de 43 páginas, acusaron a Milei de haber promocionado en redes un emprendimiento privado ajeno a la función pública.
El oficialismo remarca que la condición indispensable para avanzar en cualquier acuerdo es que las querellas retiren sus acusaciones contra el Presidente y concentren sus reclamos en Davis, Novelli y Terrones Godoy, responsables directos de la operatoria cripto.
El dilema pendiente: ¿quién se haría cargo del resarcimiento?
La posibilidad de resarcir a los damnificados enfrenta un obstáculo central: ningún actor quiere asumir formalmente la responsabilidad del pago. Una alternativa mencionada por algunos involucrados —que una plataforma cripto como Ripio actúe como intermediaria— es considerada inviable por los riesgos legales y reputacionales.
Por ahora, las conversaciones siguen en curso, y la prioridad del Gobierno es la misma. Despejar al Presidente de toda vinculación penal y permitir que los responsables directos del proyecto $LIBRA negocien una salida económica con los afectados.
