El Gobierno de Javier Milei avanza en el diseño final de su proyecto de reforma laboral, uno de los pilares estratégicos del Consejo de Mayo. El texto ya circula entre empresarios y equipos técnicos del Ejecutivo. Aunque aún está en debate, marca un cambio profundo en tres áreas centrales: vacaciones, licencias por enfermedad e indemnizaciones.
Desde la Casa Rosada remarcan que se trata de una modernización imprescindible para dinamizar la economía y terminar con un sistema laboral “rígido, obsoleto y hostil al empleo formal”. El sector empresario acompaña la iniciativa. La resistencia, previsiblemente, viene de la CGT.
Mientras la administración Milei busca cerrar el texto para enviarlo al Congreso a fin de año, la CGT volvió a rechazarlo en bloque. La central sindical sostiene que implica “una pérdida de derechos”, pese a que el Ejecutivo subraya que garantiza la protección del trabajador con reglas más claras, previsibles y alineadas con la economía moderna.
Para el Gobierno, el actual sistema fue diseñado para un país que ya no existe. El objetivo, remarcan, es reducir la litigiosidad, dar seguridad jurídica y facilitar la incorporación de empleo formal sin cargas imprevisibles.
Vacaciones: calendario ordenado y posibilidad de fraccionar
El proyecto reescribe el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo. La propuesta fija un período anual más preciso para otorgar vacaciones: entre el 1° de octubre y el 30 de abril. El esquema busca organizar la planificación interna de las empresas sin quitar flexibilidad, ya que permite acuerdos bilaterales para fijar fechas distintas.
Además, introduce un plazo de notificación mínima de 45 días para informar el inicio del descanso. Las convenciones colectivas podrán establecer sistemas alternativos adaptados a cada actividad.
En línea con prácticas internacionales, el borrador habilita formalmente el fraccionamiento del período de vacaciones, siempre que cada tramo dure al menos siete días corridos. También obliga a que, en esquemas escalonados, cada trabajador disponga al menos una parte de sus vacaciones en verano, una vez cada tres años.
Qué ocurre si el trabajador se enferma durante el descanso
El borrador aclara los escenarios donde una licencia médica interrumpe las vacaciones. Si el trabajador cae bajo licencia durante su descanso, deberá reincorporarse cuando finalice el período originalmente previsto o, si continúa enfermo, una vez concluida la licencia. Los días pendientes se reprogramarán.
Licencias por enfermedad: un nuevo sistema de cobertura
El capítulo sobre licencias por enfermedad o accidente no laboral reemplaza por completo el artículo 208 de la ley vigente. El Gobierno propone una prestación no remunerativa del 80% del salario neto, a cargo del empleador, con cobertura de obra social garantizada.
La duración de la protección dependerá de la antigüedad:
- Menos de 5 años: 3 meses.
- Más de 5 años: 6 meses.
Para quienes tienen cargas de familia, se duplica: 6 y 12 meses respectivamente.
El texto especifica requisitos formales de los certificados médicos, habilita firmas digitales y mantiene el derecho patronal a realizar controles médicos.
Una novedad clave: una suspensión disciplinaria o económica no impedirá que el trabajador cobre la prestación si se enferma durante ese período.
Indemnización por antigüedad: nueva fórmula y topes claros
El borrador plantea cambios sustanciales en el artículo 245. La indemnización por despido sin causa quedará establecida en un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor de tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual del último año.
El proyecto fija topes y pisos para evitar abusos judiciales:
- La base salarial no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable.
- El tope no podrá reducir la base por debajo del 67% del valor calculado.
- En ningún caso la indemnización será menor a un mes de sueldo.
También se actualiza el tratamiento para trabajadores fuera de convenio y para quienes perciben salarios variables.
Fondo de cese laboral: alternativa para convenios
El proyecto habilita que los convenios colectivos reemplacen el régimen indemnizatorio por un fondo de cese laboral o seguro, siempre financiado por el empleador. Este mecanismo, similar al que se usa en la construcción, apunta a reducir la litigiosidad y dar previsibilidad al empleo formal.
En la Casa Rosada destacan que la reforma laboral es imprescindible para que Argentina recupere competitividad y empleo privado sustentable. Mientras tanto, la CGT mantiene su rechazo y amenaza con medidas de fuerza, reforzando la tensión entre el sindicalismo tradicional y un Gobierno decidido a cambiar las reglas del juego.
