La política de defensa volvió al centro del debate después de que la empresa francesa Naval Group confirmara públicamente que el Gobierno argentino mantiene negociaciones activas para adquirir tres submarinos clase Scorpene. Se trata de un proyecto estratégico que el presidente Javier Milei considera central para recomponer capacidades militares que el país perdió hace más de siete años, tras el hundimiento del ARA San Juan. Desde entonces, la Armada no cuenta con un solo submarino operativo.
Por primera vez, un directivo de Naval Group habló abiertamente del tema. Laurent Mourre, director de Ventas para Latinoamérica, aseguró que la Argentina manifestó formalmente su intención de avanzar con la compra. Los submarinos serían convencionales, de propulsión diésel-eléctrica, y permitirían que el país vuelva a tener presencia submarina en el Atlántico Sur en un contexto geopolítico cada vez más disputado.
La operación, sin embargo, implica un desafío monumental. El costo estimado ronda los USD 2.300 millones, cifra que representa el corazón del problema: la capacidad de financiamiento. Naval Group confirmó que, si bien existe voluntad política de Buenos Aires y de París, aún no se cerró el esquema financiero que permita activar el contrato.
El financiamiento, la barrera más dura para concretar la compra
Mourre fue claro: “Al acuerdo todavía le falta la parte financiera”. La cifra no debería sorprender. Son proyectos que pueden tardar años desde su firma hasta su entrega. Brasil y Francia, por ejemplo, suscribieron su convenio en 2008 y recién en 2019 recibieron el primer submarino. Esta semana botaron el cuarto, mientras avanzan hacia uno de propulsión nuclear.
Para la Argentina, la ecuación es más compleja. El país debe decidir si toma deuda —como habilitaba el Presupuesto 2025— o si opta por un mecanismo de pago contra entrega, alternativa más prudente en el marco del ordenamiento fiscal que impulsa Milei. Además, el gobierno tampoco quiere repetir errores del kirchnerismo, que dejó inconclusos proyectos claves por mala administración.
Mourre señaló que, en operaciones similares, los países suelen realizar un pago inicial del 15%, mientras que el resto queda sujeto a acuerdos con bancos internacionales. Esos bancos —según el directivo— conocen bien a la Argentina y ya han financiado operaciones de defensa en el pasado, como las OPV que compró la gestión de Mauricio Macri.
¿Fabricación local o en Francia? Las opciones sobre la mesa
La definición de dónde se construirían los submarinos también condiciona los tiempos y costos. Brasil fabricó sus unidades en Itaguaí, con transferencia tecnológica. Pero en la Argentina la situación es distinta. Mourre fue diplomático pero realista: Tandanor necesitaría inversiones profundas para estar en condiciones de producir submarinos. Y el Gobierno debe evaluar con detalle si conviene embarcarse en una industrialización de ese nivel o priorizar la disponibilidad más rápida de las unidades.
Naval Group dejó en claro que la decisión final depende del “más alto nivel político”, como sucedió cuando Sarkozy y Lula sellaron el acuerdo brasileño. La relación entre Milei y Francia es excelente, algo que el propio directivo destacó como un punto positivo para cerrar el entendimiento.
Una oportunidad para reposicionar a la Argentina en la región
Brasil hoy posee la flota de submarinos más poderosa de Sudamérica y está a punto de incorporar su primer buque de propulsión nuclear. Chile, India, Malasia e Indonesia también operan Scorpene o los tienen en construcción. La Argentina se quedó atrás por la desinversión de las últimas décadas —particularmente durante los gobiernos kirchneristas— y hoy enfrenta un escenario donde rearmarse es una necesidad estratégica.
El Presidente considera que recuperar la capacidad submarina es indispensable para proteger recursos y soberanía, especialmente en un Atlántico Sur repleto de intereses internacionales. Con la confirmación pública de Naval Group, el camino está trazado: ahora la pulseada será económica y diplomática.
