El Gobierno decidió postergar la discusión sobre la ampliación de la Corte Suprema y la definición de los pliegos judiciales hasta después de las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada consideran que no es momento de abrir ese frente político mientras avanzan otras prioridades del programa oficial.
“No hay ninguna discusión habilitada sobre el tema Corte, tampoco sobre los pliegos, hasta después del nuevo período de extraordinarias”, señaló a Infobae una fuente cercana al Presidente, dejando en claro que la instrucción parte directamente de Javier Milei.
“Hay temas más importantes que atender”
Pese a los intentos del peronismo por reactivar el debate —con Juan Martín Mena como interlocutor—, desde el Gobierno remarcan que la prioridad es consolidar la agenda económica y legislativa antes de abrir una negociación con la oposición. “Por orden del Presidente, no hay discusión posible sobre la Corte ni sobre los pliegos judiciales hasta que terminen las extraordinarias. Cualquiera que diga lo contrario, no habla con Milei”, insistió una fuente del Ejecutivo.
Los contactos recién comenzarían una vez concluido el actual período parlamentario, que se extenderá del 10 al 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga durante enero y febrero. Según trascendió, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, será quien retome el diálogo con los bloques opositores cuando el Gobierno decida habilitar la discusión.
Dos vacantes y una Corte mínima
Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, tras las vacantes que quedaron sin cubrir. El Ejecutivo planea insistir más adelante con el proyecto para ampliar el tribunal de cinco a siete miembros, aunque reconoce que no será sencillo alcanzar los dos tercios que exige el Senado.
La tarea de Amerio —mano derecha del asesor presidencial Santiago Caputo— será clave en ese proceso, aunque en Balcarce 50 aclaran que la última palabra será de Javier y Karina Milei. “Sebastián es el más competente para negociar, pero las decisiones finales las toman ellos”, subrayó un funcionario cercano a la secretaria general de la Presidencia.
Una negociación que requiere votos kirchneristas
Incluso dentro del oficialismo admiten que será necesario acordar con Cristina Kirchner para avanzar en las designaciones judiciales, ya que el bloque libertario, que sumará 18 senadores propios a partir del 10 de diciembre, no alcanza por sí solo el número necesario. “Milei sabe que deberá negociar, pero no hay apuro. Antes hay que ordenar la gestión”, comentó un legislador oficialista.
En la práctica, la demora implica que las vacantes en la Justicia nacional y federal —que alcanzan hoy al 33%— seguirán sin cubrirse, y podrían llegar al 38% el próximo año, cuando varios magistrados cumplan el límite de edad de 75 años.
El rol de Amerio y el futuro del Ministerio de Justicia
El viceministro Sebastián Amerio mantiene una relación directa con el “caputismo” y es considerado uno de los funcionarios más técnicos del Gobierno. Tras los rumores sobre su salida, finalmente continuará en su cargo y seguirá respaldando a Mariano Cúneo Libarona, quien permanecerá al frente del Ministerio de Justicia al menos por seis meses más.
La continuidad de Cúneo Libarona contenta tanto al entorno de Caputo como al de Karina Milei. En el primer caso, porque se evita el ingreso de un dirigente más político en un área sensible, y en el segundo, porque se preserva la estabilidad institucional en medio de la transición de poder y la reorganización del gabinete.
El kirchnerismo busca reabrir la discusión
Desde la oposición, sectores del peronismo intentan acelerar la definición de las vacantes judiciales. Aunque el Gobierno considera inoportuno abrir ese debate mientras se enfocan en la agenda económica, la reforma laboral y la política exterior. “La administración Milei tiene prioridades concretas y el Poder Judicial no está entre ellas por ahora”, explican en el entorno presidencial.
En paralelo, el oficialismo evalúa una lista de candidatos para futuros cargos clave, incluida la Procuración General de la Nación. Y que define la conducción del Ministerio Público Fiscal. Pero esa decisión también quedará para 2026, cuando Milei busque un nuevo consenso parlamentario.
Una estrategia de orden y control político
El aplazamiento de la negociación judicial responde a una estrategia clara del Gobierno: evitar frentes simultáneos que puedan distraer recursos o generar inestabilidad política. Milei busca consolidar primero su poder legislativo y económico, antes de entrar en un terreno de alta sensibilidad institucional.
“Hoy, el foco está en las reformas estructurales y en sostener el rumbo económico. Las cuestiones judiciales se verán más adelante”, resumió una fuente oficial, sintetizando la lógica de la Casa Rosada en este nuevo tramo de la gestión.
