El Gobierno de Javier Milei decidió mantener distancia del juicio oral por la Causa Cuadernos, uno de los procesos de corrupción más relevantes en la historia argentina, en el que figura como principal acusada Cristina Fernández de Kirchner, junto a exfuncionarios y más de 60 empresarios de la obra pública.
Mientras el Tribunal Oral Federal N°7 lleva adelante las audiencias iniciales, la Casa Rosada enfoca su atención en la reestructuración del sistema judicial y en la definición de vacantes clave que permanecen sin cubrir desde hace años.
El proceso judicial, que podría extenderse durante al menos tres años, comenzó con la lectura de las imputaciones. Durante el primer mes, el Tribunal dedicará las audiencias exclusivamente a exponer los cargos, antes de pasar a la ronda de indagatorias. Desde el entorno presidencial, aseguran que Milei busca preservar la independencia judicial. “Soy Poder Ejecutivo. No tengo nada que decir ni que hacer. Que la Justicia actúe”, habría expresado el mandatario a sus colaboradores más cercanos.
Milei evita pronunciarse mientras avanza la agenda judicial
El inicio del juicio coincidió con la gira del presidente por Estados Unidos, donde participó en el American Business Forum en Miami y cerrará un encuentro de la CPAC en Palm Beach, junto a referentes del ala conservadora norteamericana.
En Buenos Aires, la agenda política permanece contenida, mientras el Gobierno define los próximos pasos en materia judicial.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, seguirá en funciones hasta fin de año, luego de haber evaluado su renuncia por motivos de salud. La decisión fue impulsada directamente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le pidió continuar en el cargo para garantizar estabilidad institucional.
En los hechos, la conducción del área judicial responde al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene la interlocución política con el Poder Judicial a través del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, funcionario de su confianza. Ambos diseñan la estrategia de designaciones judiciales que el Gobierno planea activar en los próximos meses.
El desafío: cubrir vacantes y negociar con el kirchnerismo
El panorama en el sistema judicial es crítico. Casi la mitad de los juzgados nacionales y federales podría quedar vacante para fin de año. La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, advirtió que el 40% de los defensores oficiales también quedará sin designar. Además, no se nombran fiscales desde hace más de dos años.
Amerio había anunciado el envío de 150 pliegos al Senado, pero Milei suspendió la medida para evitar controversias políticas en plena campaña electoral. Ahora, el Ejecutivo prevé reactivar esas designaciones en los primeros meses de 2026, priorizando los cargos de la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación.
El máximo tribunal funciona actualmente con tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Dentro del oficialismo no descartan ampliar la Corte de cinco a siete miembros como parte de una negociación con el kirchnerismo, con el fin de lograr los votos necesarios en el Senado para aprobar los pliegos.
Paradójicamente, el Gobierno necesita el acompañamiento político de Cristina Kirchner, la principal acusada en el juicio de los Cuadernos, para avanzar en la renovación del Poder Judicial. En ese contexto, Karina Milei emerge como una figura decisiva en las conversaciones políticas y en la definición de cargos de alto perfil.
