El Gobierno nacional se prepara para una negociación decisiva con la CGT con el objetivo de alcanzar el mayor nivel posible de consenso en torno a la reforma laboral que elaboró el Consejo de Mayo. La mesa de diálogo deberá funcionar contrarreloj: el 15 de diciembre se publicará la versión definitiva del texto que será enviado al Congreso para ser discutido durante las sesiones extraordinarias.
Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, serán los encargados de conducir la negociación con el sindicalismo.
La aproximación entre ambas partes comenzó hace diez días, cuando Santilli se cruzó con los cotitulares de la CGT en la conferencia industrial de la UIA. El funcionario les prometió una convocatoria formal y les pidió no guiarse por filtraciones. Dentro de la central obrera, sin embargo, reina el escepticismo.
El jueves, tras una reunión con diputados sindicales, Jorge Sola lanzó una advertencia directa al Gobierno: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”. La central trabaja en una contrapropuesta basada en el último borrador oficial y apunta a defender especialmente los aspectos del derecho colectivo.
Los puntos que la CGT quiere tumbar
Entre los artículos que la central pretende bloquear figuran:
- La reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales.
- La limitación de la ultraactividad.
- La prioridad de convenios por empresa sobre convenios sectoriales.
- La restricción de cuotas solidarias.
- La regulación de asambleas en las empresas.
En el Gobierno consideran que los mayores rechazos apuntan a estos puntos colectivos, mientras que temas del ámbito individual —como banco de horas o fraccionamiento de vacaciones— suelen negociarse sin conflicto en las empresas.
Cuotas solidarias: el corazón del conflicto
La mayor preocupación sindical sigue siendo la limitación de las cuotas solidarias, un mecanismo que financia el 100% de los sindicatos y cuyo recorte, según la CGT, podría generar una crisis inédita. El propio Armando Cavalieri ya había advertido que, sin esas retenciones, el gremio de Comercio “iba a ir a la quiebra”.
En la Casa Rosada admiten que ese punto divide aguas incluso entre los funcionarios libertarios. Federico Sturzenegger no quiere ceder (“es un peaje sindical”, dijo), mientras que otros sectores proponen un esquema más moderado: topes de hasta el 2% del salario y obligatoriedad de contraprestación explícita a los trabajadores.
La presión política: gobernadores y unidad interna
Para el oficialismo, la negociación con la CGT está directamente vinculada al apoyo político que los 20 gobernadores firmantes del Pacto de Mayo podrían brindar tanto a la reforma laboral como al Presupuesto 2026. Ese respaldo funcionaría como una herramienta de presión para “aflojar la dureza sindical”.
Aun así, tres gobernadores de provincias clave ya le adelantaron a la central que no acompañarán cambios “de cualquier tipo”. Y que trasladarán esa postura a la mesa con Santilli.
La reforma bajo llave: el Consejo de Mayo se achica
En medio de las tratativas, el Gobierno decidió reducir el Consejo de Mayo de 15 a solo 3 miembros para limitar filtraciones. Luego de que trascendiera un borrador antiguo que incluía un tope de 10 sueldos para indemnizaciones. Hoy, el último texto circula bajo estricta reserva.
La CGT espera la convocatoria formal con un objetivo claro: frenar la versión más dura de la reforma. El Gobierno, fortalecido por el resultado electoral y por su control legislativo, advierte que no aceptará modificaciones que “vacíen” el espíritu del proyecto.
