El exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Daniel Garbellini, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, en el marco de la megacausa que investiga un entramado de direccionamiento de contratos, sobreprecios, coimas y la presunta participación de empresarios en la toma de decisiones del organismo. Garbellini, considerado por la fiscalía como una figura clave del circuito, decidió no declarar y solo escuchó los cargos.
De acuerdo con Picardi, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 funcionó en la ANDIS una estructura «coordinada y de común acuerdo» para obtener dinero de manera indebida en perjuicio del Estado y, particularmente, de las personas con discapacidad. La maniobra consistió en direccionar compulsas de precios, reducir artificialmente la competencia, elevar sobreprecios del 10 al 20% y habilitar que empresas amigas accedieran a información privilegiada y al manejo del sistema de compras SIIPFIS. En ese dispositivo, Garbellini habría tenido un «rol preponderante».
ANDIS: Los cargos contra Garbellini
La imputación que se leyó en el juzgado sostiene que Garbellini recibió órdenes para beneficiar a un núcleo de droguerías vinculadas a Miguel Ángel Calvete, operador señalado como articulador externo del sistema. La fiscalía subrayó que el exfuncionario permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS decidieran sobre compras públicas, accedieran a claves internas y operaran procesos desde afuera del organismo. Las empresas favorecidas (Profarma S.A., Génesis S.A., Floresta S.A. y New Farma S.A) concentraron compras por más de $37.700 millones en medicamentos, implantes cocleares, audífonos e insumos asociados entre julio de 2024 y agosto de 2025. Para Picardi, ese esquema configuró un «sistema eficaz» para garantizar adjudicaciones discrecionales.
El fiscal también remarcó que Garbellini mantenía comunicaciones frecuentes con Calvete y con Pablo Atchabahian, quien ocupó su mismo cargo en la gestión anterior. Para los investigadores, esas relaciones personales se tradujeron en beneficios para un pequeño grupo de proveedores, en detrimento de un proceso transparente y competitivo. «Spagnuolo y Garbellini garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado», afirma la acusación.
??Coimas en ANDIS: Daniel Garbellini se negó a declarar
— C5N (@C5N) November 20, 2025
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Otra imputación
Además del presunto direccionamiento de fondos, Garbellini enfrenta otra imputación: obstrucción a la investigación. Según el Ministerio Público Fiscal, durante el allanamiento a su vivienda demoró deliberadamente su llegada pese a saber que la policía estaba en el lugar. Y, aunque entregó su celular y la clave de acceso, habría borrado conversaciones vinculadas a Calvete antes de que pudieran ser analizadas. Para la fiscalía, este comportamiento evidencia «una actitud desafiante con el proceso».
El expediente continúa avanzando con un creciente cúmulo de documentación, mensajes, transferencias y testimonios que buscan reconstruir cómo operó el sistema de compras públicas de la ANDIS y qué responsabilidades penales podrían alcanzar a cada uno de los involucrados. El juez Casanello deberá resolver en las próximas semanas la situación procesal de Garbellini, cuyo rol quedó fuertemente comprometido tras la imputación fiscal.
