Anchorage Capital Advisors diseñó un fondo de inversión atípico: su única fuente de ganancia depende de que Argentina pierda el juicio por YPF en Estados Unidos. Así lo informó Bloomberg, destacando el carácter inusual de un vehículo financiero que concentra un solo activo: un préstamo respaldado por el reclamo legal de la firma Petersen, antigua accionista de la petrolera.
Ese préstamo, originado cuando la familia Eskenazi controlaba Petersen Energía, quedó atrapado en la disputa judicial desencadenada por la estatización de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Petersen, el fallo de Preska y el efecto dominó
Tras la nacionalización, Petersen quebró: la decisión del gobierno K de dejar de distribuir dividendos —con los que la firma financiaba su participación en YPF— la dejó sin ingresos. De allí nació la demanda que, en 2023, la jueza Loretta Preska resolvió a favor de los demandantes, fijando una indemnización de aproximadamente USD 16.000 millones.
Ese fallo transformó al viejo crédito en un activo valioso. Anchorage lo movió desde su fondo Illiquid Opportunities Fund V hacia otro vehículo “especial”, creado únicamente para sostener ese reclamo y captar nuevas inversiones. El préstamo tenía un valor contable de USD 188 millones a fines del año pasado, pero el reclamo asociado superaría los USD 600 millones.
Un instrumento financiero sin precedentes
El fondo opera como un single-asset fund, un formato poco común incluso en el mercado global, orientado a retener activos legalmente complejos y al mismo tiempo permitir el ingreso de nuevos inversores. La expectativa de ganancias se potencia por la sentencia favorable en primera instancia, aunque la resolución está lejos de ser definitiva.
Desde 2023, Burford Capital —financiadora original de la demanda— asegura que Petersen tendría derecho a USD 14.300 millones, mientras que Eton Park accedería a unos USD 1.700 millones. En su último reporte financiero, Burford habló de una “recuperación de diez cifras” aunque reconoció que “el riesgo de litigio continúa”.
La apelación que puede cambiar el tablero
La Argentina apeló el fallo, y la última audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito mostró un giro importante: dos de los tres jueces cuestionaron que el caso se hubiera tramitado en el Tribunal de Distrito, poniendo en duda la jurisdicción utilizada para imponer la multimillonaria condena.
La decisión se conocerá recién dentro de algunos meses, y la parte perdedora probablemente pedirá llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Un contexto político y económico distinto al de 2023
El avance de la relación diplomática y comercial entre Javier Milei y Donald Trump también introduce una variable política inédita en el proceso. La percepción de riesgo soberano argentino se redujo fuertemente desde las elecciones legislativas y el acercamiento bilateral mejora la posición del país ante inversores y actores judiciales.
Bloomberg remarca que este movimiento de Anchorage ocurre en medio de:
- Un fallo aún en disputa, con intereses ya por encima de los USD 18.000 millones
- Una estrategia más favorable para Argentina, que sostiene que la sentencia de Preska violó la legislación nacional
- Un contexto financiero menos adverso, con el riesgo país en baja
- Un alineamiento político con EE.UU. que no estaba presente durante instancias previas del litigio
Todo esto vuelve incierto el futuro del fondo: si Argentina gana, sus inversores pierden.
La estatización de 2012, el origen del conflicto
El juicio se remonta a la decisión del gobierno de CFK de tomar el control del 51% de YPF en 2012. Y acusando a Repsol de falta de inversión. La operación, sin embargo, no respetó el estatuto de la compañía, que obligaba al comprador a realizar una oferta por todas las acciones. Lo que dejó a los accionistas minoritarios en una posición perjudicial.
