El bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC) reclamó públicamente que el Senado trate con urgencia el proyecto de prevención de la ludopatía, aprobado hace casi un año por la Cámara de Diputados, y que permanece sin avances en la Cámara Alta.
El pedido fue encabezado por los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, quienes a través de redes sociales instaron a los senadores a “no ceder ante las presiones del lobby del juego”. “La ludopatía es un atentado contra la vida. No dejen caer la media sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía. No se dejen presionar por el poder económico”, sostuvo Ferraro, en un mensaje directo a los integrantes del Senado.
El diputado advirtió que “la banca seguirá ganando si la voluntad política sigue apostando sus fichas”, en referencia a la inacción legislativa frente al aumento de los casos de adicción a las apuestas en línea, sobre todo entre los adolescentes.
Por su parte, Frade recordó que el proyecto ingresó a la Cámara Alta el 27 de noviembre de 2024, pero desde entonces no fue debatido. “Al parecer los lobbies funcionaron en consonancia con el Gobierno, que nunca quiso tocar ese modo ‘lúdico’ de lavar dinero y arruinar el futuro de miles de argentinos”, denunció la diputada, apuntando también a los influencers que promocionan plataformas de apuestas y obtienen ganancias a costa de los jugadores.
Hasta el momento, solo la Comisión de Salud, presidida por la senadora kirchnerista Lucía Corpacci, realizó encuentros con especialistas y asesores. Sin embargo, las comisiones de Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, encabezadas por los oficialistas Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto, no han tratado el tema, en línea con la posición del Ejecutivo, que rechaza la iniciativa.
El texto aprobado por Diputados impone fuertes restricciones a las empresas de apuestas online: prohíbe toda forma de publicidad, patrocinio y promoción en medios digitales, redes sociales, televisión, radio, prensa escrita, espacios públicos y hasta en indumentaria deportiva. Solo se permitiría la publicidad dentro de casinos, bingos o locales habilitados.
Además, prohíbe el acceso de menores a las plataformas digitales de juego y sanciona con penas de tres a ocho años de prisión a quienes organicen apuestas sin la debida autorización.
Aunque el proyecto generó debate jurídico por posibles conflictos con competencias provinciales, sus impulsores remarcan que se trata de una cuestión de salud pública, ya que la ludopatía crece de forma alarmante entre jóvenes y adolescentes.
Desde la Coalición Cívica insisten en que el Senado debe actuar con responsabilidad y aprobar una norma que busca “proteger a las familias argentinas del negocio del juego y la adicción digital”.
