La ONU publicó un informe con fuertes advertencias sobre abusos en operativos y detenciones irregulares en Argentina. El organismo cuestionó el protocolo antipiquetes y denunció falencias en cárceles y comisarías. Según el Comité contra la Tortura, aún faltan avances en investigaciones por uso excesivo de la fuerza, un punto que generó especial preocupación.
Críticas por el protocolo antipiquetes y el uso de la fuerza
La ONU difundió un avance de su informe periódico sobre Argentina y dejó una advertencia clara. El Comité contra la Tortura expresó preocupación por la política de seguridad actual, en especial por el uso de la fuerza en manifestaciones y por el llamado protocolo antipiquetes. Para el organismo, las normas vigentes deben revisarse y ajustarse a estándares internacionales.
El informe señaló que varias disposiciones del Ministerio de Seguridad no garantizan criterios básicos de necesidad, proporcionalidad y precaución. Por eso, pidió una actualización urgente que incluya mecanismos de control y rendición de cuentas. La crítica apuntó, sobre todo, a la falta de información sobre investigaciones internas tras denuncias por abusos en protestas.
Entre los casos mencionados, el organismo citó represiones ocurridas en Buenos Aires entre 2024 y 2025 y los hechos registrados en Jujuy en 2023. Según la ONU, aún no hay claridad sobre el avance de sumarios administrativos o procesos judiciales vinculados a lesiones graves producidas por balas de goma, gases lacrimógenos o camiones hidrantes.
Foco en cárceles y comisarías: condiciones degradantes
El informe también alertó por la situación de los centros de detención. La ONU pidió que Argentina deje de usar comisarías para alojamientos prolongados y sostuvo que esos espacios no están preparados para garantizar condiciones dignas. Recomendó prohibir esa práctica y avanzar en un esquema de control más estricto.
Otro punto crítico fueron los “regímenes de alto perfil” dentro de las cárceles. Según el documento, hay alojamientos con más de 20 horas diarias de encierro y fuertes restricciones para las visitas familiares. El organismo solicitó adecuar esas condiciones a normas internacionales y revisar denuncias por torturas y malos tratos registradas en Santa Fe durante 2024.
La ONU también advirtió por requisas invasivas a familiares, en especial mujeres y niños. Reclamó protocolos que protejan la dignidad de las personas involucradas en el proceso de visitas. Además, pidió al Estado que garantice que niñas, niños y adolescentes no sean detenidos en comisarías y que la privación de libertad sea siempre una medida excepcional.
Datos oficiales que refuerzan la preocupación internacional
El informe coincidió con un trabajo reciente de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ese organismo registró 271 víctimas de torturas o malos tratos policiales en 2024 y más de 1.400 hechos similares dentro del Servicio Penitenciario Federal. Los registros incluyeron agresiones físicas, malas condiciones materiales, aislamientos prolongados y fallas graves en la atención médica.
En el ámbito policial, la Procuración identificó 335 casos de torturas o malos tratos. Para la ONU, estas cifras confirman un escenario que requiere una respuesta coordinada de los tres poderes del Estado. El objetivo, señaló el Comité, debe centrarse en respetar la dignidad humana y evitar prácticas que vulneren derechos básicos.
