En medio de versiones cruzadas y debates anticipados, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei comenzó a tomar forma. El proyecto, que aún está siendo revisado, será presentado formalmente a mediados de diciembre y apunta a modernizar las relaciones laborales en un contexto de crecimiento y estabilidad económica.
Fuentes del Consejo de Mayo confirmaron que el texto mantiene la indemnización por despido equivalente a un mes por año trabajado y que no existe ningún tope máximo de diez salarios, como habían afirmado algunos sectores sindicales. “Cero perjuicio al trabajador”, aseguraron desde el organismo, al remarcar que la propuesta conserva la protección tradicional pero incorpora mecanismos voluntarios como fondos de cese laboral y seguros privados.
Convenios por empresa y fin de la rigidez sindical
Uno de los ejes centrales del proyecto es la prioridad de los convenios por empresa sobre los convenios generales de actividad, lo que implica un cambio estructural en la negociación colectiva. Según explicaron en el Consejo, este punto busca dar más protagonismo a las comisiones internas, fomentar la productividad y adecuar los acuerdos laborales a la realidad económica de cada sector.
La iniciativa también limita la ultractividad automática de los convenios colectivos, es decir, la vigencia indefinida de los acuerdos vencidos. De este modo, se pretende incentivar la actualización periódica de los convenios, adaptándolos a las nuevas condiciones del mercado laboral y tecnológico.
Cuotas solidarias y derecho de huelga
Otro punto sensible será la restricción de las cuotas solidarias, uno de los mecanismos de financiamiento histórico de los sindicatos. Según el texto, no se podrán imponer aportes a los trabajadores no afiliados sin su consentimiento explícito. Desde la CGT ya anticiparon su rechazo a este cambio, que consideran una amenaza a su poder económico, mientras el Gobierno sostiene que busca terminar con los descuentos compulsivos y garantizar la libertad sindical.
El proyecto también plantea la reglamentación del derecho de huelga, con nuevos parámetros de cobertura: un 75% de servicios garantizados en actividades críticas y un 50% en las trascendentales. Esta medida, que ya había sido incluida en el DNU 70, apunta a equilibrar el derecho de protesta con la necesidad de asegurar servicios básicos.
Salarios dinámicos y productividad
La incorporación de salarios variables o dinámicos es otra de las novedades. Este esquema vincula una parte de la remuneración al desempeño individual, la productividad y la situación económica de la empresa. Desde el Gobierno destacan que la medida busca alinear los ingresos con los resultados sin afectar los pisos mínimos legales. Es decir, incentivando la formalidad y la eficiencia, especialmente en las pymes.
Además, el texto incluye la posibilidad de implementar bancos de horas, calcular la jornada laboral por promedios semanales y flexibilizar las vacaciones mediante fraccionamientos acordados. Todas estas herramientas, según el Consejo de Mayo, están orientadas a mejorar la conciliación entre vida laboral y personal y optimizar la organización productiva.
Menos burocracia y más capacitación
La creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como organismo único de registro laboral se presenta como otro paso hacia la simplificación administrativa. La unificación de trámites y registros permitirá reducir costos y facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas.
Por último, la reforma incorpora un capítulo dedicado a la formación profesional continua. Con el objetivo de adaptar las competencias laborales a las nuevas tecnologías y mejorar la empleabilidad. “El futuro del trabajo requiere capacitación permanente y reglas claras”, resumieron en el entorno del ministro Federico Sturzenegger.
