Una decisión tajante marca el nuevo rumbo institucional: Martín Menem dispuso que todos los diputados que finalicen su mandato devuelvan oficinas, mobiliario y equipos antes de dejar sus cargos, una determinación que reconfigura por completo la dinámica interna de la Cámara baja. La resolución, según documentos a los que accedió Infobae, también alcanza a los jefes de bloque y apunta a frenar la histórica negociación informal de despachos. La medida ya genera tensión entre referentes legislativos.
El objetivo central es ordenar la transición ante la próxima renovación parlamentaria del 10 de diciembre. En ese sentido, la Presidencia busca eliminar cualquier tipo de “herencia” edilicia y garantizar que los bienes del Estado queden debidamente registrados y restituidos. De esta manera, el procedimiento intenta reforzar los controles administrativos establecidos por la Ley 24.156 de Administración Financiera y la Ley 25.188 de Ética Pública.
Desde 2019, el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso ya había fijado pautas de custodia y devolución. Sin embargo, la práctica cotidiana mostraba demoras, acuerdos informales y falta de control. Bajo ese marco, la nueva resolución establece límites precisos y sanciones económicas para quienes incumplan con la restitución. Según el texto, cada legislador es responsable directo de los bienes asignados, incluso si los había delegado en personal administrativo.
De esa manera, la Presidencia de Diputados busca garantizar transparencia en el uso de recursos institucionales. El documento sostiene que la falta de devolución afecta la correcta administración del patrimonio público y, en consecuencia, la integridad del funcionamiento legislativo. Por ello, establece plazos estrictos y un proceso obligatorio para cada funcionario que termine su gestión parlamentaria.
Un protocolo estricto y sanciones económicas por incumplimiento
La resolución fija reglas claras. Los diputados que finalicen su mandato deberán entregar todos los espacios y bienes antes del 9 de diciembre. En el caso de ceses por renuncia, fallecimiento u otras causas, el plazo será de 48 horas desde la notificación formal. Asimismo, los bloques políticos deberán devolver despachos y dependencias en la misma fecha límite, con el fin de permitir una redistribución eficiente del edificio.
El texto también introduce una sanción económica inédita. Si un legislador no devuelve algún bien, la Cámara descontará de su última dieta el valor total del mobiliario o equipamiento faltante. Y, si el monto supera la liquidación final, se habilitarán acciones judiciales a cargo del Servicio Jurídico Permanente para recuperar los bienes o su valor equivalente. Además, la Dirección de Recursos Humanos deberá ejecutar los descuentos en coordinación con el Departamento de Patrimonio.
Según la resolución, los recursos edilicios de los diputados, de los bloques y de las comisiones son bienes institucionales comunes. Por ello, su distribución debe responder a criterios de equidad y funcionalidad. De esa manera, el texto remarca que la devolución de despachos y equipamiento constituye una obligación esencial derivada de la responsabilidad patrimonial de cada funcionario público. Asimismo, deja sin efecto cualquier normativa previa que contradiga estas disposiciones.
En términos políticos, la medida promete reconfigurar prácticas arraigadas en el Congreso. Hasta ahora, la negociación de despachos era una tradición que operaba a través de acuerdos internos y relaciones de fuerza. Con esta resolución, Menem busca imponer un esquema de mayor control y orden administrativo. Según fuentes parlamentarias, la decisión puede generar resistencias, aunque se enmarca en un proceso más amplio de reorganización institucional.
