El Gobierno prevé más control y eficiencia en el PAMI para 2026. La obra social más grande del país seguirá dependiendo del Tesoro para cubrir su déficit, aunque espera que la mejora económica del próximo año alivie su situación. Continuarán los recortes en medicamentos y se buscarán precios más competitivos en las licitaciones.
En el esquema que diseña la Casa Rosada, las reformas estructurales se conciben como un proceso progresivo cuyos efectos no serán inmediatos. En el caso del sistema previsional, los cambios profundos recién podrían debatirse en 2027, durante un eventual segundo mandato de Javier Milei, según admiten fuentes oficiales.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias reconocen que operan dentro de un sistema que les impide realizar transformaciones profundas sin comprometer las prestaciones esenciales. Ese diagnóstico también alcanza al PAMI, que brinda cobertura a casi cinco millones de afiliados y arrastra un déficit estructural.
El año pasado, las proyecciones anticipaban un rojo equivalente al 22% de su presupuesto, cifra que hoy se mantiene bajo reserva. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para ser autosustentables sin perder prestaciones”, señalan desde la conducción, que admite que el déficit actual se cubre con transferencias del Tesoro Nacional.
Expectativas y prioridades para 2026
Para el año próximo, las autoridades del PAMI esperan que la recuperación económica permita reducir parcialmente la asistencia estatal, aunque el organismo seguirá deficitario. “El PAMI es un termómetro: cuando la actividad se resiente, se nota tanto en las prestaciones como en los ingresos”, explican.
El 80% del presupuesto continuará destinado a medicamentos y prestaciones médicas, con foco en el control de costos. En 2024, la entidad redujo la cantidad de remedios cubiertos al 100% —como antibióticos, corticoides y analgésicos— y esa política se mantendrá durante 2026.
El principal objetivo será mejorar los precios en las licitaciones. “Con una economía más estabilizada, se podrían conseguir mejores valores”, sostienen. Los contratos más onerosos corresponden a medicamentos, insumos de hemodinamia y pañales para adultos mayores.
El nuevo esquema de distribución domiciliaria de pañales, que reemplazó la entrega en farmacias, permitió una trazabilidad más estricta y generó un ahorro proyectado de $5.000 millones hacia fin de año, según cálculos oficiales.
Reclamos de prestadores y tensiones internas
Pese a los ajustes, persisten reclamos de prestadores por demoras en los pagos y falta de insumos. En el Hospital Español, gestionado junto al PAMI, denunciaron la carencia de elementos básicos, una situación que se repite en otros centros del país.
El organismo también atraviesa disputas políticas internas. Su estructura territorial —con más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local— ha sido históricamente un espacio de poder para referentes provinciales y punteros. Hoy, esa red enfrenta un proceso de depuración impulsado por la gestión de Esteban Leguízamo, que busca reducir la discrecionalidad y eliminar los vínculos partidarios en la administración.
En julio, el organismo emitió un comunicado titulado “Las delegaciones de PAMI no serán más una caja negra al servicio de la política”, luego de que trascendieran roces entre sectores alineados con Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem.
Centralización y cambios territoriales
De cara a 2026, se analiza reorganizar las UGL y agencias territoriales para eficientizar gastos y concentrar decisiones administrativas en la sede central. Este proceso sería posible gracias al avance de la digitalización de los trámites, aunque aún una parte minoritaria de los afiliados utiliza los canales en línea.
En paralelo, el titular del PAMI firmó con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la transferencia del Hospital de la Baxada de Paraná a la órbita provincial. La medida podría replicarse con otros establecimientos, como el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. Y siguiendo el modelo aplicado en los centros SAMIC, que dependen parcialmente de la Nación.
