El Gobierno nacional oficializó una nueva resolución que habilita la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, marcando un cambio sustancial en la política de control de armas vigente. La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la prohibición previa que regía sobre este tipo de armamento.
Según la disposición, la autorización y fiscalización de estos equipos quedará bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de establecer un régimen más estricto y controlado para los legítimos usuarios y las entidades de tiro.
De acuerdo con la normativa, podrán adquirirse armas semiautomáticas alimentadas con cargadores desmontables, como fusiles o subametralladoras derivadas de modelos militares, siempre que sean de calibre superior al .22 LR y se cumpla con una serie de requisitos técnicos y legales.
Entre las condiciones más relevantes, los solicitantes deberán:
- Acreditar la identificación precisa del arma, detallando tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
- Contar con un Sector de Guarda tipo G2, certificado como sistema de almacenamiento seguro.
- Presentar una declaración jurada justificando la necesidad de la adquisición, acompañada de documentación y fotografías del arma.
- Abonar las tasas correspondientes, equivalentes a la “Tenencia Exprés” y a la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
- Demostrar uso deportivo comprobado, ya sea mediante una certificación de entidad de tiro, participación en certámenes oficiales o solicitud de una institución habilitada.
- No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR.
- Tener al menos cinco años de antigüedad como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
Además, el organismo podrá solicitar pruebas adicionales para evaluar la pertinencia de cada pedido, aplicando un criterio caso por caso en la aprobación final.
Fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron que la medida busca “modernizar la normativa vigente y alinear la legislación argentina con los estándares internacionales en materia de uso civil controlado”. No obstante, la resolución ya generó debate político y social, dado que amplía el espectro de acceso a armamento derivado de modelos militares.
Mientras desde sectores libertarios celebran la decisión como un avance hacia la libertad individual, voces opositoras advierten sobre los riesgos de una mayor circulación de armas de alto poder en manos de civiles.
Con esta decisión, el Gobierno consolida una línea de gestión centrada en la desregulación y ampliación de derechos individuales, aunque en un terreno tan sensible como el de la seguridad pública y el control de armamento.
