La Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner para suspender el juicio por los cuadernos. El proceso comenzará este jueves con Néstor Costabel como juez suplente.
La expresidenta había pedido demorar el inicio del debate hasta que quedara firme la recusación de una jueza. Pero los magistrados consideraron que su planteo no tenía fundamentos y ratificaron la fecha prevista.
El fallo lo firmaron los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, integrantes de la Sala I de Casación. Según explicaron, el pedido “no reviste el carácter de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos”.
También sostuvieron que los argumentos de la defensa “no demuestran un agravio ni una cuestión federal válida”.
La recusación de López Iñíguez
Gabriela López Iñíguez había sido designada como jueza suplente del Tribunal Oral Federal 8. Sin embargo, la fiscal Fabiana León pidió apartarla por haber intervenido en la causa del Memorándum con Irán. En ese expediente, Cristina Kirchner fue sobreseída sin juicio, aunque luego la decisión se revirtió.
Tras ese episodio, la defensa de la expresidenta y los abogados de Julio De Vido y Roberto Baratta solicitaron suspender el debate. La Cámara de Casación desestimó la medida y habilitó el comienzo del proceso.
El nuevo juez designado
Después del apartamiento de López Iñíguez, se realizaron dos sorteos para cubrir la vacante. Primero salió sorteado el juez Andrés Basso, quien había condenado a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Basso prefirió excusarse “por prudencia institucional” para evitar conflictos.
El segundo sorteo designó al juez Néstor Costabel como suplente. Costabel había condenado a Lázaro Báez en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Aunque las defensas podrían intentar recusarlo, el magistrado adelantó que no planea apartarse.
El tribunal que llevará adelante el juicio quedará formado por Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori, con Costabel como suplente. El juicio analizará un presunto sistema de sobornos y pagos ilegales entre empresarios y exfuncionarios durante los gobiernos kirchneristas. El proceso se desarrollará mientras el presidente Javier Milei impulsa una agenda de reformas y promete “terminar con la corrupción del pasado” en el país.
