La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves que la expresidenta Cristina Kirchner deberá pagar, de forma solidaria con los demás condenados de la Causa Vialidad, una suma de $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso, rechazando la apelación presentada por su defensa y la de Lázaro Báez. La decisión confirma la resolución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión.
El TOF 2 había intimado el pasado 15 de julio a todos los responsables de la maniobra a depositar la suma en un plazo de diez días hábiles, luego de que los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia actualizaran el valor del perjuicio económico. El monto original, establecido en la sentencia de juicio, era de 85.000 millones de pesos, pero fue recalculado en junio a 684.990 millones, reflejando la magnitud actualizada del daño al erario público.
A pesar de la intimación, ninguno de los condenados efectuó el pago en el plazo establecido. Desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, Cristina Kirchner intentó dilatar la ejecución patrimonial a través de una serie de recursos judiciales que fueron sistemáticamente rechazados. Primero objetó la actualización del monto, luego la fórmula empleada por los peritos, y finalmente buscó trasladar la causa al fuero Civil y Comercial, sin éxito.
La decisión de la Cámara de Casación
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió por unanimidad que la condena de diciembre de 2022 está firme desde la intervención de la Corte Suprema en junio pasado, lo que «clausura cualquier debate sobre la procedencia o extensión del decomiso». Los magistrados sostuvieron que el decomiso es una «consecuencia legal e imperativa» de la condena penal prevista en el artículo 23 del Código Penal, y que se trata de una sanción derivada directamente del delito comprobado.
Al respaldar la cifra de $684.990 millones, los camaristas ratificaron la validez del informe técnico elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y el criterio metodológico aplicado por el Ministerio Público Fiscal, que empleó el índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar el monto del fraude. Consideraron que los informes «garantizan independencia, imparcialidad y solidez técnica», desestimando los cálculos alternativos de la defensa, que proponían una cifra sustancialmente inferior: $42.494.357.845,17, según el perito contador de parte.
Los jueces rechazaron también el pedido de la defensa de suspender la ejecución del decomiso, así como las adhesiones presentadas por las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda. En su resolución, la Sala IV remarcó que los argumentos de las defensas «no acreditan relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas», por lo que no justifican la revisión de la decisión.
Causa Vialidad: qué falta para el decomiso de bienes
La confirmación del máximo tribunal penal habilita al juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena en el caso Vialidad, a avanzar con la ejecución patrimonial inmediata sobre los bienes de los condenados. En esa línea, el fiscal general Diego Luciani presentó un inventario que incluye 20 inmuebles pertenecientes a Cristina Kirchner y 89 propiedades de Lázaro Báez, además de vehículos, cuentas bancarias y sociedades comerciales vinculadas.
