La investigación por los guardapolvos truchos durante la gestión de Victoria Tolosa Paz volvió a ganar fuerza en tribunales y en los medios. Lejos de tratarse de un caso aislado, los fiscales sostienen que existió una maniobra deliberada para desviar fondos públicos destinados a la confección de 165.000 prendas escolares para alumnos vulnerables.
El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a exfuncionarios y responsables de tres cooperativas involucradas en el proyecto. La hipótesis judicial es contundente: los recursos del Estado, más de $700 millones, no fueron utilizados para la producción comprometida y existió un entramado de subcontrataciones irregulares que violó el objeto del convenio.
El rol de Leonardo “Leo” Moyano, pieza clave en la operatoria
Entre los citados figura Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social y mano derecha de Tolosa Paz. Fue él quien firmó los convenios, autorizó desembolsos y rubricó las adendas que extendieron plazos imposibles de cumplir, pese a que no había evidencia de avance real.
La Justicia sospecha que Moyano funcionó como engranaje administrativo del desvío, y que las cooperativas General Mitre, 15 de Julio y Solutex actuaron como vehículo para retirar dinero en efectivo y simular actividad productiva.
Las revelaciones televisivas que complican aún más el cuadro
Un informe reciente de “La Cornisa” aportó testimonios que generaron impacto en tribunales. Un representante textil reconoció que apenas confeccionaron unos pocos miles de guardapolvos, muy lejos de los 165.000 previstos, y desmintió haber recibido parte de los millonarios pagos facturados.
“Nosotros no recibimos esa plata”, afirmó ante cámara, mientras mostraba prendas caseras que poco tenían que ver con un contrato del Estado. La factura presentada por una de las cooperativas ascendía a $171 millones.
Cooperativas fantasma, personal precarizado y vínculos con el ministerio
El informe televisivo detectó que una de las supuestas cooperativas funcionaba en un domicilio inexistente mientras otra era atendida por una empleada del propio Ministerio de Desarrollo Social de la gestión Fernández-Tolosa Paz.
La mujer reconoció que trabajaba para el Estado en ese período y negó conocer la operatoria real. Para la Justicia, esto exhibe un patrón: estructuras creadas o utilizadas para justificar gastos sin producción genuina.
Un circuito opaco que ya detectó la Policía Federal
La División Lavado de Activos reforzó la línea acusatoria: constató simulación jurídica, pérdida de trazabilidad financiera, retiros en efectivo sin fundamento operativo y uso de cooperativas sin capacidad real para elaborar la cantidad de guardapolvos prevista.
Ese análisis motivó la inhibición general de bienes de los imputados y el congelamiento de cuentas de las cooperativas investigadas. Los fiscales sostienen que existe un riesgo concreto de maniobras de ocultamiento patrimonial.
El trasfondo político: el kirchnerismo vuelve a quedar expuesto
Mientras la causa avanza, el kirchnerismo intenta despegar a Tolosa Paz, pero cada nueva prueba complica esa estrategia. La exministra fue una figura central del armado social del Gobierno de Alberto Fernández y una de las principales voceras políticas en 2023.
Este caso reaviva cuestionamientos sobre el manejo de fondos en Desarrollo Social, un ministerio históricamente asociado a programas sensibles y multimillonarios, que durante la gestión kirchnerista fue denunciado reiteradamente por falta de controles.
El Gobierno actual respalda la investigación y exige transparencia
Desde Casa Rosada consideran la causa como un ejemplo paradigmático de la necesidad de auditar los esquemas heredados y exponen que este tipo de redes de cooperativas respondió a un modelo político que convirtió la asistencia social en un mecanismo opaco y funcional a punteros y aliados.
La administración Milei celebró la velocidad con la que avanza el expediente y destacó la importancia de que la Justicia determine responsabilidades individuales, especialmente en un sector donde –según consideran– reinó la discrecionalidad y el manejo partidario.
Lo que viene: indagatorias clave antes de fin de año
Los citados deberán presentarse entre el 15 y el 22 de diciembre ante los tribunales federales de Retiro. Moyano será uno de los últimos en declarar. En paralelo, quedan medidas pendientes sobre al menos 29 cooperativas adicionales que habrían replicado el mismo patrón durante 2023.
La causa promete escalar y no se descarta que alcance a más funcionarios del entorno de Tolosa Paz. Fuentes judiciales aseguran que los movimientos financieros detectados podrían involucrar a una red más amplia de responsables.
