El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires solicitó el decomiso de bienes por $684.990 millones a la ex presidente Cristina Kirchner y del resto de involucrados en la Causa Vialidad. La medida original data de diciembre de 2022 y alcanza a 11 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron la medida de 2022 en junio y actualizaron los valores del decomiso. En un primer momento, la Justicia fijó el decomiso de $84.835 millones; sin embargo, peritos contadores actualizaron este valor a $684.990 millones. El nuevo valor se determinó utilizando criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Báez y los Kirchner, los principales afectados
Además de la ex mandataria, la medida alcanza a las propiedades del empresario Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a él, como Austral Construcciones, Kank y Castilla, y Loscalzo y Del Curto. Entre los bienes se encuentran terrenos, hoteles y departamentos en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz.
Por parte de CFK, se incluyen inmuebles a su nombre y a un conjunto de bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. En total son 122 los bienes inmuebles identificados por la Justicia como activos incorporados durante el periodo en el que se habría desarrollado la maniobra, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
Los fundamentos del juzgado
En su presentación, el Tribunal considera probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular (incluyendo sobreprecios, cartelización y falta de controles) de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez.
Asimismo, los jueces rechazaron los argumentos presentados por las defensas, quienes plantearon la falta de un nexo causal entre los bienes y el delito, sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. Gorini, Gimenez Uriburu y Basso señalaron que el decomiso no requiere una trazabilidad exacta, sino una vinculación razonable entre la maniobra y los bienes señalados.
Además, los jueces fundamentaron su postura en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que propone la recuperación de activos como principio fundamental; y advirtieron que la interpretación restrictiva del decomiso favorece la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
