Un giro inesperado dejó en tensión al caso ANDIS, luego de que uno de los imputados decidiera romper el silencio y declarar ante la Justicia. La causa, investigada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, atraviesa su momento más delicado. En ese sentido, la declaración de Roger Grant encendió nuevas alarmas y reforzó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, según informó C5N.
Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, admitió que ejecutaba órdenes directas del entonces número dos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Daniel María Garbellini. Su testimonio describió un esquema de direccionamiento de proveedores, armado de cotizaciones y adjudicaciones pactadas de antemano. De esa manera, confirmó elementos claves que ya surgían de los audios difundidos meses atrás.
La causa investiga maniobras vinculadas a la compra de medicamentos de alto costo destinados a urgencias médicas. Según las líneas que sigue la fiscalía, parte del proceso estaba viciado y la competencia entre proveedores era solo una simulación. Las declaraciones de Grant reforzaron esa idea. También marcaron el primer quiebre dentro de un grupo de imputados que hasta ahora había optado por negar, callar o minimizar su participación.
El impacto de esta declaración fue inmediato. Por primera vez, un acusado respondió preguntas de Casanello y Picardi. Hasta hoy, todos habían evitado profundizar o directamente se habían negado a declarar. En ese contexto, la investigación suma un elemento central que podría derivar en nuevas medidas, nuevas citaciones y una reconstrucción más precisa del circuito interno del presunto fraude.
El testimonio que alteró el tablero judicial
Grant afirmó que él solo “cumplía órdenes”. Indicó quién decidía qué proveedor llamar, quién podía cotizar y quién debía ganar. Bajo ese marco, corroboró que la estructura funcionaba con decisiones tomadas desde arriba. Y agregó que los medicamentos involucrados eran utilizados para casos críticos, incluso de personas con riesgo de vida.
Esa afirmación generó preocupación adicional. La presunta manipulación de compras impactaría directamente en prestaciones urgentes para personas con discapacidad, lo que agrava el cuadro investigado. De esa manera, la fiscalía considera que se trata de un posible esquema de corrupción con consecuencias sanitarias graves.
Mientras tanto, la defensa de Diego Espagnuolo, extitular de ANDIS y exabogado del presidente Javier Milei, pidió su sobreseimiento. Lo hizo apoyándose en un informe pericial privado que planteó irregularidades técnicas en los audios difundidos públicamente. Sin embargo, la fiscalía sostiene que esos audios fueron solo la “noticia criminal” inicial y que el expediente avanzó con múltiples pruebas independientes, ahora reforzadas por la confesión de Grant.
A la par, surgió otro punto de tensión: las versiones sobre un presunto allanamiento en la oficina de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Industria e hija de Miguel Ángel Calvete. Tanto fuentes judiciales como policiales negaron que hubiera existido una orden formal. Sin embargo, testigos presenciaron el ingreso de un grupo vestido de traje y con equipamiento sospechoso. Por ese motivo, crece la sospecha de un posible “operativo de limpieza” no autorizado, algo que también podría ser investigado.
