El Tribunal Oral Federal 1 leerá el veredicto por la causa Fútbol para Todos en los tribunales de Comodoro Py, donde los jueces cierran una investigación que empezó por el uso de fondos públicos. La causa expuso vínculos entre política y fútbol en el que los más complicados son Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. También dejó en evidencia el manejo de los pagos que pasaron por la AFA.
Un programa que cruzó fútbol y poder
Los jueces escucharon durante años a funcionarios, dirigentes y contadores. El caso se abrió en 2014, con una denuncia de Graciela Ocaña. El expediente reunió facturas, cheques y contratos usados para financiar transmisiones. También mostró maniobras con financieras ligadas a dirigentes. El esquema reveló cómo se movió dinero público por fuera de los controles del Estado.
Los fiscales describieron flujos millonarios desde 2009 hasta 2016. El programa nació en el gobierno de Cristina Kirchner y terminó al inicio de la gestión de Mauricio Macri. Ese período acumuló unos 700 millones de dólares. La cifra alimentó sospechas y tensiones dentro del fútbol. También profundizó peleas entre AFA y el Gobierno. Los investigadores marcaron que la política definió cada paso del programa.
Hoy saldrá un fallo muy importante: el Trib Oral Federal 1 dictará sentencia en la causa “Fútbol para Todos”. El Fiscal Osorio pidió 3 años de prisión para Aníbal Fernández y 8 meses para Jorge Capitanich pic.twitter.com/2xdD6hqPYt
— Fernando Soto (@Doctor_Soto) December 5, 2025
Entre los acusados aparecen Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Luis Segura. Todos ocuparon roles clave en la administración del programa. Capitanich vuelve al centro de la escena porque asume como senador nacional. Su situación genera ruido en el Congreso. Fernández enfrenta cuestionamientos por su doble rol en política y fútbol. Segura carga con herencias de la gestión Grondona.
Cuentas, cheques y financieras
La jueza María Servini reconstruyó el circuito de los pagos. Los acusados cobraron fondos con cheques oficiales. Luego cambiaron esos cheques en financieras privadas. Muchas tenían vínculos con dirigentes de la AFA. Ese camino dejó sospechas de sobreprecios. También generó dudas sobre controles internos. Los testimonios mostraron operaciones repetidas en varios torneos.
Los investigadores remarcaron que la maniobra se mantuvo durante años. Los informes contables hablaron de montos altos y estructuras informales. La Justicia analizó cada pago con peritos. Los testimonios aportaron detalles sobre reuniones y acuerdos. El caso avanzó sin grandes frenadas. Hoy llega al cierre con expectativa política. Y con acusados que esperan penas menores.
El veredicto puede incluir penas de entre ocho meses y tres años. Todas son excarcelables. Ninguna impide que los acusados sigan en sus cargos. Por eso la política mira el fallo con atención. La Justicia quiere ordenar un expediente muy discutido. Y busca cerrar una década de acusaciones cruzadas. La lectura coincide con el sorteo del Mundial 2026.
