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Bolivia activa la emergencia económica y aplica un ajuste en los combustibles

 

En medio de la crisis, Bolivia activó la emergencia económica y redefinió los precios de los combustibles.

 
Rodrigo Paz
Rodrigo Paz

El Gobierno de Bolivia decretó la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social. Además, anunció un reajuste integral de los precios de los combustibles. La decisión llega en un contexto de escasez de divisas, inflación y problemas de abastecimiento.

La medida fue formalizada mediante el denominado “Decreto por la Patria”. El presidente Luis Arce lo promulgó junto a su gabinete. Así, el Estado quedó habilitado a actuar con mayor rapidez para estabilizar la economía y garantizar el suministro energético.

En ese marco, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, detalló los nuevos precios. La gasolina especial pasó de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro. El diésel subió de 3,72 a 9,80 bolivianos. En tanto, la gasolina premium aumentó de 7,22 a 11 bolivianos.

Medidas sociales para amortiguar el impacto

Además, el Gobierno anunció medidas sociales para contener el ajuste. Entre ellas figura el incremento del salario mínimo. Pasará de 2.750 a 3.300 bolivianos, lo que representa una suba del 20%. También se confirmó el aumento de la Renta Dignidad.

Asimismo, el Ejecutivo informó la creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad. También ratificó la continuidad del Bono Juancito Pinto hasta 2026. El objetivo es sostener el ingreso de los sectores más vulnerables.

Reparto de fondos y reformas ante un escenario crítico

Por otro lado, el Gobierno aseguró que la estabilización generará recursos fiscales adicionales. Esos fondos se repartirán en partes iguales. Alcanzarán al Ejecutivo central y a los gobiernos subnacionales. Se destinarán a salud, educación y obras públicas.

Finalmente, Arce describió un escenario crítico para la economía. Habló de reservas internacionales agotadas, falta de dólares y presión inflacionaria. En ese contexto, anticipó reformas estructurales. Incluyen incentivos a la inversión privada, el silencio administrativo positivo y un plan de repatriación de capitales con impuesto cero.

CLEVER