La Libertad Avanza entró en una semana clave en el Senado, donde Patricia Bullrich busca cerrar acuerdos contrarreloj para aprobar la reforma laboral antes de fin de año, en medio de una fuerte resistencia del peronismo y una ofensiva sindical encabezada por la CGT y las CTA.
El oficialismo sabe que el margen de maniobra es mínimo. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó recién para este martes a los presidentes de bloque con el objetivo de definir la integración de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, condición indispensable para iniciar el tratamiento del proyecto. Si no hay bloqueos, el debate comenzará el miércoles.
Un calendario al límite y una pulseada por las comisiones
El esquema que diseñó La Libertad Avanza apunta a discutir la reforma laboral en un plenario de comisiones durante miércoles, jueves y viernes, con la intención de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre, junto con el Presupuesto 2026.
Para lograrlo, Bullrich necesita asegurar mayorías en ambas comisiones con votos propios y aliados. El desafío central pasa por convencer a los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales de reducir la lista de expositores, ya que el peronismo impulsa una nómina extensa para dilatar el debate y trabar los tiempos legislativos.
Gobernadores peronistas, el factor clave
Uno de los principales focos de tensión está en los senadores que responden a gobernadores de origen peronista, que evitan un choque frontal con la CGT. En ese grupo aparecen los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuyos legisladores generan dudas dentro del oficialismo.
En la Casa Rosada apuestan a sumar el respaldo de Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén), que cuentan con una senadora cada uno y mantienen una relación más cercana con el Gobierno nacional.
Del otro lado, el peronismo —que reúne 28 senadores entre sus distintos subbloques— trabaja para sumar al menos siete votos adicionales y bloquear la aprobación de la ley laboral. La estrategia combina presión política, alianzas provinciales y acompañamiento explícito del sindicalismo.
La calle como escenario de presión
El tratamiento legislativo se desarrollará en paralelo a las protestas convocadas por la CGT y las CTA. Y que anunciaron una movilización para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo. El objetivo es rechazar de plano la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y condicionar a los senadores indecisos.
Desde el oficialismo relativizan el impacto de las marchas y sostienen que la reforma apunta a ordenar un mercado laboral “distorsionado”, con altos niveles de informalidad y una fuerte carga de litigiosidad.
Límites al poder gremial y cambios estructurales
El proyecto incluye modificaciones profundas que explican el rechazo sindical. Uno de los puntos más sensibles es el sistema de financiamiento gremial. Las empresas solo podrán retener cuotas sindicales si existe conformidad expresa del trabajador y una resolución de la Secretaría de Trabajo.
Además, la iniciativa endurece las sanciones contra bloqueos y tomas de empresas. Que pasarán a ser consideradas infracciones muy graves, con posibles consecuencias administrativas. Además de civiles y penales para las organizaciones responsables.
En materia de actividad sindical dentro de las empresas, se fija un límite de diez horas mensuales pagas para el ejercicio de funciones gremiales. Y se establece que las asambleas deberán contar con autorización previa del empleador. Es decir, sin devengar salario durante su duración.
Otro punto que genera ruido incluso en sectores empresarios es la eliminación del carácter obligatorio de los aportes patronales especiales previstos en convenios colectivos. Y que pasarán a ser voluntarios para quienes no integren cámaras o asociaciones beneficiarias.
