El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pidió a la Justicia su sobreseimiento en la causa que lo involucra por supuestas coimas y un entramado de corrupción en el organismo. La defensa de Spagnuolo insistió nuevamente en que los audios atribuidos al ex titular de ANDIS y que iniciaron toda la investigación estarían «adulterados».
Spagnuolo presentó nuevos pedidos
El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, presentó dos nuevos escritos ante el juez Sebastián Casanello solicitando el sobreseimiento de su cliente. En uno de los escritos, D’Alessandro esgrimió nuevamente el argumento de las «pruebas adulteradas que no fueron debidamente introducidas al proceso». Según el equipo legal de Spagnuolo, los audios donde hablaba de un supuesto entramado para cobrar coimas a través de ANDIS «están manipulados«.
Sin embargo, desde la Justicia indicaron el fiscal Franco Picardi incorporó los audios como prueba en la causa que lleva adelante. Actualmente, la causa se sostiene sobre el material obtenido en distintos allanamientos a las oficinas de ANDIS y otras oficinas de ministerios nacionales, y domicilios de los principales acusados, entre ellos Spagnuolo y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina. Hasta el momento, Casanello rechazó todos los planteos de nulidad, pero la defensa de Spagnuolo apeló en todas las instancias, por lo que deberá intervenir la Cámara Federal.
La defensa insistió con la nulidad de los audios
En los últimos escritos presentados, el ex titular de ANDIS y amigo cercano de los hermanos Milei adjuntó una pericia realizada por especialistas que «confirma la manipulación, edición en los audios y la presencia de voces sintéticas por Inteligencia Artificial».
«Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se atribuyen al señor Spagnuolo como su interlocutor«, indicaron en la presentación que tendría como fundamento un informe de la empresa Graudio Forensics, con sede en Madrid, España.
