La causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este miércoles un movimiento clave: Roger Edgar Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, decidió declarar ante la Justicia y se convirtió en el primer imputado en romper el silencio.
Grant se presentó frente al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi para dar su versión sobre el presunto direccionamiento de fondos públicos hacia un reducido grupo de droguerías. La indagatoria buscó determinar su nivel de participación en el entramado que habría operado durante la gestión anterior.
“Yo solo cumplía órdenes”: el descargo del funcionario
Durante su exposición, Grant intentó despegarse del rol que le atribuye la Fiscalía. Sostuvo que su tarea se limitaba a administrar compras de medicamentos mediante el sistema SIIPFIS y que actuaba siguiendo instrucciones directas de su superior jerárquico, Daniel Garbellini.
Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, el vínculo entre ambos se remonta a trabajos previos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia privada. Esa relación es vista por los investigadores como un eje estructural en el funcionamiento de la maniobra dentro de ANDIS.
Grant admitió que “consultaba todo con Garbellini”, aunque negó haber tomado decisiones por su cuenta. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostiene que manejaba los tiempos administrativos, habilitaba o bloqueaba proveedores y conocía de antemano qué firmas entrarían en cada compulsa.
El esquema investigado y el rol de las droguerías
Según la imputación, las compras del Estado habrían sido fraccionadas en 21 compulsas reducidas que terminaron beneficiando casi exclusivamente a dos empresas: Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. Entre ambas concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, por un monto superior a los $30.300 millones.
La hipótesis del fiscal Picardi es que los procesos fueron direccionados para garantizar la participación privilegiada de estos proveedores. La estructura, según el expediente, estaba encabezada por Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, señalados como “jefes paraestatales” dentro del organismo y ambos hoy detenidos.
Nuevos elementos surgidos de los allanamientos
Durante el análisis de la documentación secuestrada en los operativos, apareció un dato que compromete aún más a Grant. Su nombre figura anotado en uno de los cuadernos atribuidos a Calvete, lo que podría marcar un vínculo directo entre ambos niveles de la organización.
Esa conexión refuerza para los investigadores la idea de una trama coordinada que habría manipulado compras, generado sobreprecios y segmentado artificialmente la provisión de insumos destinados al Programa Incluir Salud, una de las prestaciones más sensibles dentro del sistema.
El resto de los imputados mantiene silencio
En esta etapa procesal ya pasaron por indagatoria Pablo Atchabahian, Miguel Calvete, Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González. Todos optaron por no responder preguntas, a diferencia de Grant, cuya estrategia parece apuntar a deslindar responsabilidades.
La causa sigue avanzando en Comodoro Py mientras el Gobierno busca transparentar el funcionamiento de los organismos heredados. Y desarticular estructuras que se consolidaron durante años sin control efectivo.
