La causa Cuadernos de la corrupción avanzó el pasado jueves con una nueva audiencia en la que la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó acusaciones vinculadas al tramo de la investigación sobre la cartelización de la obra pública. La exposición se centró en presuntos pagos ilegales o coimas realizados durante los años en que Cristina Kirchner se desempeñó como presidenta.
Según lo expuesto por la UIF, entre 2008 y 2010 se habrían efectuado 175 pagos ilegales a Cristina Kirchner por un monto que supera los 171 millones de pesos y más de 600.000 dólares. De acuerdo con la acusación, esos fondos fueron entregados por empresas que mantenían contratos con el Estado en el marco de la obra pública.
La querella sostuvo que existió un acuerdo corrupto sostenido en el tiempo entre funcionarios públicos y empresarios. Según esa reconstrucción, los funcionarios habrían utilizado sus cargos para extorsionar a las empresas a cambio de la adjudicación de contratos, mientras que los empresarios accedían a pagar comisiones ilegales para asegurarse esas obras.
No solo Cristina Kirchner
En su presentación, la UIF remarcó que las coimas no habrían beneficiado únicamente a la ex presidenta, sino también a su entorno más cercano. En ese esquema, los pagos ilegales fueron canalizados a través de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, lo que, según la acusación, demuestra la participación de la familia Kirchner en el entramado investigado.
Empresas involucradas y «blanqueo»
Respecto de las empresas involucradas, la UIF señaló a la firma JCR S.A. como uno de los principales pagadores. Según la querella, esa empresa habría realizado 40 sobornos a Cristina Kirchner por un total superior a los 85 millones de pesos, en el mismo período bajo análisis en la causa.
A cambio de esos pagos, siempre según la acusación, JCR S.A. resultó beneficiada con la adjudicación de 44 contratos de obra pública otorgados por la Dirección Nacional de Vialidad. La presentación también mencionó un vínculo comercial entre la empresa y la familia Kirchner a través del alquiler del Complejo Hotelero Los Sauces.
En ese punto, se recordó el testimonio de Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, quien declaró que JCR alquiló el complejo hotelero Los Sauces y que ese contrato generó entre 10 y 11 millones de dólares en ingresos «en blanco». Según su declaración, ese negocio fue clave en el crecimiento patrimonial de la familia, un aspecto que también forma parte de la investigación en curso.
