El Tribunal Oral Número 7 cerró la lectura de las confesiones de imputados colaboradores en la Causa Cuadernos y se alista para iniciar la etapa de cuestiones preliminares. En esta fase se revisaron los relatos vinculados a la presunta cartelización de la obra pública, eje central de la acusación del Ministerio Público Fiscal.
Un tramo centrado en la cartelización de la obra pública
El Tribunal repasó el mecanismo que, según la acusación, operó durante más de una década en la Dirección Nacional de Vialidad. En ese esquema aparecieron relatos del exfinancista Ernesto Clarens y de otros imputados que describieron cómo 19 empresas acordaban la distribución de licitaciones y el pago de sobornos.
Los fiscales sostienen que entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios del Ministerio de Planificación y empresarios como Carlos Wagner y el propio Clarens. Según esa hipótesis, el sistema generaba beneficios ilegales a través de retornos vinculados a obras, energía y transporte.
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Reuniones, porcentajes y retornos
Wagner relató que las firmas definían quién se quedaría con cada obra y qué monto incluía la dádiva. Esa información llegaba a José López, quien la trasladaba a funcionarios de Vialidad para ubicar esos valores en los listados mensuales de pago.
El rol de Clarens fue central. Recibía el dinero, lo transformaba en dólares y se lo entregaba a López. Como imputado colaborador dijo que muchas empresas preferían pagar el 3% antes que financiarse en bancos, donde las tasas eran más altas y los plazos inciertos.
También describió cómo se elaboraban los listados internos en Vialidad. López reunía las necesidades mensuales y derivaba el detalle a colaboradores como Fredes y Passacantando. Pese a las demoras del Estado, las empresas debían abonar los retornos para no quedar fuera del circuito.
Dos etapas y un control más rígido
Clarens explicó que el sistema tuvo dos momentos. Entre 2004 y 2010, las compañías pagaban un 10% del contrato en cuotas mensuales. Tras la muerte de Néstor Kirchner, el mecanismo se reconfiguró y López concentró el control de la recaudación. Desde entonces exigía el 3% de lo cobrado y decidía quién accedía a los pagos.
Los fiscales afirmaron que la estructura se sostenía por conveniencia mutua. La llamada “Camarita” elaboraba listados con obras, montos y un ranking de empresas cartelizadas. Clarens sostuvo que él no intervenía en adjudicaciones, pero sí transmitía quejas de empresarios y reclamaba el porcentaje pactado.
Lo que viene en el juicio
La acusación del fiscal Carlos Stornelli planteó que estos acuerdos constituyeron pactos corruptos: las empresas conseguían decisiones favorables y los funcionarios aseguraban la continuidad del sistema. Según el Ministerio Público, los retornos estaban ligados a pagos, adjudicaciones y concesiones.
El juicio volverá a sesionar el martes 16 a las 13.30. Está previsto que declaren los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, antes de pasar a la etapa de valoración de la prueba.
