La Causa Cuadernos vuelve a escena. El Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 retomará este jueves el debate oral con uno de los tramos más sensibles del expediente: la valoración fiscal de los dichos de los imputados colaboradores. La audiencia comenzará a las 9.
El avance llega después del fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido, una maniobra que consumió casi toda la última jornada y retrasó la continuidad del juicio. Con ese capítulo cerrado, los jueces leerán las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía sostiene la base de su acusación: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal que habría operado en el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.
Un mecanismo dual de recaudación
La parte del requerimiento que se leerá hoy aborda la valoración probatoria de los arrepentidos. Según el Ministerio Público Fiscal, quedó acreditado un mecanismo dual de recaudación:
- Uno manejado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas.
- Otro ejecutado por intermediarios financieros que recolectaban fondos a través de retornos pactados en las grandes obras públicas.
La reconstrucción que se expondrá este jueves describe no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios involucrados.
Empresas bajo la lupa
El análisis fiscal apunta a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR, señaladas por participar de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios”. Entre esos beneficios, el dictamen menciona adjudicaciones, licitaciones, certificaciones, ampliaciones de plazos y gestiones regulatorias.
En cada caso, la fiscalía enumera los hechos probatorios que vinculan comunicaciones, movimientos de dinero, adjudicaciones y la presencia de funcionarios clave.
Stornelli y la estructura delictiva
Hasta ahora, el juicio se había centrado en reconstruir hechos y describir a los actores. Lo que sigue es la exposición de cómo el fiscal Carlos Stornelli ensambló toda esa información para sostener su afirmación más contundente: que existió una estructura delictiva centralizada, cuyos circuitos –según la acusación– concluían en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos.
En ambos lugares, el exsecretario presidencial Daniel Muñoz habría recibido los fondos “en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo”, según la hipótesis fiscal.
También está previsto que se lea el tramo dedicado a Roberto Baratta, presentado por la fiscalía como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación. Se lo acusa de coordinar decenas de hechos como nexo entre empresarios, intermediarios y funcionarios.
