El Gobierno Nacional prepara una de sus principales iniciativas para el período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y planea modificar la Ley de Salud Mental actualmente vigente. La iniciativa del oficialismo habría tomado en cuenta la perspectiva de familiares de pacientes, profesionales y de las fuerzas de seguridad.
La antesala de este proyecto se encontraba en la Ley Bases y estipulaba la creación de centros especializados y la posibilidad de internaciones involuntarias. Este sería uno de los grandes reclamos de las fuentes consultadas para la elaboración de la nueva ley, según indicó La Nación. A pesar de los intentos del Gobierno, el apartado quedó descartado del proyecto sancionado en 2024.
? #AHORA | El Gobierno insistirá en aplicar cambios a la Ley de Salud Mental durante la sesiones ordinarias:
— Alerta 140 ? (@Alerta140) December 25, 2025
?? El Poder Ejecutivo aspira a reordenar la normativa con la posibilidad de que los jueces puedan autorizar la hospitalización de pacientes en ciertos casos. pic.twitter.com/T3xhS2duXK
«Volveremos a lo que debe ser. Hay que regresar y hacer algo similar a la ley anterior«, resumieron desde el Poder Ejecutivo. La actual Ley de Salud Mental data del año 2010 y esta será la segunda vez que la gestión de Javier Milei intenta modificarla.
El experimento de la Ley Bases
El primer intento llegó en la Ley Bases, donde se propuso modificar ocho artículos de la normativa. Entre las modificaciones se indicaba que las internaciones debían realizarse en «instituciones adecuadas». Actualmente, las internaciones se realizan en hospitales generales y durante el debate se consideró un «retroceso» intentar regresar a las instituciones especializadas. Asimismo, se eliminaba la prohibición para crear nuevos manicomios, neuropsiquiátrico e instituciones monovalentes, tanto públicas como privadas
El problema de la internación voluntaria
En la misma iniciativa se proponía la internación involuntaria, lo que permitiría que jueces dictaminen la hospitalización bajo una evaluación interdisciplinaria previa(en casos extremos, podrían directamente omitir las evaluaciones) y a los defensores oficiales oponerse a la externación.
Esta sería uno de los apartados más solicitados por las familias de los pacientes y las fuerzas de seguridad, al considerar que la falta de voluntad de los pacientes dificulta la internación. Las fuerzas de seguridad respaldaron el proyecto al mencionar los escenarios que se suelen dar con personas con problemas mentales.
