La propuesta de «Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria», surgida del Consejo de Mayo, introduce un marco legal rígido cuyo objetivo central es impedir que la Administración Nacional incurra en déficit fiscal. El proyecto impulsado por Javier Milei busca fijar reglas permanentes que obliguen al Estado nacional, provincias y municipios a sostener el equilibrio presupuestario y evitar desvíos en el gasto, estableciendo incluso sanciones penales para funcionarios que incumplan estas disposiciones.
El espíritu del texto apunta a instaurar un ordenamiento estructural del gasto público, respondiendo a la premisa de que el sector público «no pueda excederse en los gastos con el fin de no poner en riesgo el resultado fiscal». Para ello, el Título I establece que «El Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario«, y de forma categórica dispone que «queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario«.
¿Qué pasa si hay déficit fiscal?
Cuando la ejecución presupuestaria muestre desvíos, el proyecto habilita un mecanismo automático de corrección: si se presenta «una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista», el Jefe de Gabinete deberá «adoptar las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio«, luego de presentar un Informe de Sustentabilidad Fiscal. Los ajustes deberán realizarse primero sobre partidas no sujetas a montos mínimos por ley.
La búsqueda de evitar el déficit fiscal se refuerza con una prohibición expresa: «Ningún funcionario de la Administración Pública Nacional podrá asumir compromisos de pago… que no se encuentren autorizados en la ley de presupuesto general vigente o que carezcan de los recursos debidamente acreditados«. A la vez, el Poder Ejecutivo deberá «abstenerse de solicitar al Banco Central adelantos transitorios» para financiar gasto primario, consolidando así el fin del financiamiento monetario del déficit fiscal.
Sanciones
El articulado también fija consecuencias jurídicas severas. En el plano administrativo, declara que «cualquier norma dictada en violación a las disposiciones… resultará nula, de nulidad absoluta e insanable». Sobre la materia penal, se crea un nuevo delito por Gasto Irregular, castigando con 1 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta al funcionario que «modifique o incremente los gastos públicos… sin contar con los recursos debidamente acreditados». En paralelo, se incorpora una figura específica para el Banco Central, con penas de 3 a 10 años para el funcionario que ordene o ejecute emisión monetaria «en violación a las prohibiciones y reglas establecidas en su Carta Orgánica».
