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POLÍTICA

Denuncian a la “banda Toviggino” por usurpaciones armadas en campos de Santiago del Estero

 

Un productor agropecuario relató amenazas, violencia y connivencia judicial en un conflicto por tierras que involucra a empresas ligadas al entorno de Pablo Toviggino.

 
Toviggino
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El ingeniero agrónomo Ricardo Baldi denunció haber sido expulsado a punta de armas de fuego de dos campos en Santiago del Estero y vinculó las usurpaciones a un entramado de empresas presuntamente relacionadas con Pablo Toviggino, durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Violencia y amenazas en los campos

Baldi explicó que adquirió los terrenos a comienzos de los años 2000 y que, tras un primer intento de usurpación en 2004, la Justicia ordenó el desalojo de los ocupantes y restituyó la posesión de los campos.

Según su testimonio, la situación se agravó entre 2010 y 2011, cuando un nuevo grupo ingresó de forma violenta. Luego, incendió instalaciones rurales, robó equipamiento y agredió al personal que trabajaba en el lugar.

El productor relató que, al intentar retomar el control del predio, le impidieron ingresar porque los ocupantes los aguardaban armados. Lo que derivó en nuevas denuncias penales sin respuestas efectivas.

Empresas, escrituras y presunta protección política

El caso se enmarca en una serie de denuncias de pobladores y productores rurales de la zona conocida como Sobrantes del Desierto. Donde señalan un esquema reiterado de ocupación violenta, generación de títulos presuntamente irregulares y posterior venta de tierras.

Entre las firmas mencionadas aparecen Malte SRL y SOMA SRL. Se trata de compañías que, según documentación judicial, tendrían vínculos con personas del entorno familiar y societario de Toviggino.

Baldi sostuvo que las maniobras contarían con avales notariales cuestionados y con la presunta connivencia de organismos provinciales. Lo que habría permitido extender los conflictos durante más de una década.

El conflicto permanece judicializado en distintos expedientes. Los denunciantes aseguran que la falta de respuestas institucionales profundiza la violencia. Y el despojo en una región clave del norte santiagueño.

CLEVER