Catamarca volvió a quedar expuesta en uno de los indicadores más sensibles del funcionamiento institucional. Según el Ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales 2023, elaborado por el INECIP, la provincia se ubica en el penúltimo lugar del país, con una tasa de apenas 1,83%. En términos concretos, menos de dos de cada cien causas penales que ingresan al Ministerio Público Fiscal reciben algún tipo de respuesta con capacidad real de incidir en el control del delito.
El informe no evalúa discursos ni intenciones, sino una función elemental del sistema penal: si el Estado logra transformar los conflictos penales en respuestas concretas como condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En Catamarca, esa función básica prácticamente no existe. La mayoría de los casos ingresan al sistema y quedan atrapados en una inercia burocrática sin resolución visible.
La contundente distancia con otras provincias
El contraste con otras provincias es contundente. Chaco (16,66%), Jujuy (14,26%) y Neuquén (13,08%) lideran el ranking con niveles de eficacia varias veces superiores. Incluso distritos con alta litigiosidad logran mejores resultados. En el fondo de la tabla aparecen San Luis (1,32%), La Rioja (1,94%) y Catamarca, mientras que Buenos Aires (3,54%), Salta (4,56%) y Santa Cruz (3,85%) también exhiben desempeños críticos.
Este derrumbe no es repentino ni aislado. Los datos muestran un empeoramiento sostenido que se profundizó desde la llegada de Raúl Jalil al gobierno provincial. Año tras año, la capacidad de respuesta penal se redujo, mientras el volumen de causas ingresadas continuó en aumento. El resultado es un sistema cada vez más congestionado y menos eficaz.
Mientras otras jurisdicciones avanzaron en planificación criminal, producción de datos y fortalecimiento institucional, Catamarca retrocedió. El Ministerio Público Fiscal perdió centralidad como herramienta de control del delito y quedó reducido a un rol administrativo, con escaso impacto real en la resolución de conflictos.
A este fracaso estructural se suma un problema aún más profundo: la relación promiscua entre la Justicia y el poder político. La falta de autonomía real del Ministerio Público, los vínculos cruzados y la dependencia funcional configuran un escenario donde la persecución penal aparece condicionada por la conveniencia política, más que por criterios técnicos o por el interés público.
Las consecuencias son visibles y reiteradas. Causas sensibles que no avanzan, expedientes que se diluyen con el paso del tiempo y una ciudadanía que percibe una Justicia selectiva, rápida para algunos y eternamente lenta para otros. La imparcialidad, pilar básico del sistema judicial, queda seriamente cuestionada.
La imparcialidad queda seriamente cuestionada en Catamarca
En este contexto, el puesto El Ramón se convierte en una metáfora incómoda pero precisa. Controles visibles, despliegue estatal en la ruta y procedimientos ruidosos, pero escasa o nula traducción judicial efectiva. Mucha presencia, poca Justicia. Mucha escena, poco expediente. Exactamente lo que reflejan los números oficiales.
El propio informe del INECIP advierte que cuando las fiscalías no producen resultados ni información confiable, se rompe el control ciudadano y se habilita la arbitrariedad en la administración de recursos y en el ejercicio de la violencia estatal. En Catamarca, ese riesgo ya no es teórico: es una realidad concreta.
El balance final es claro y preocupante. Una Justicia que no responde, cada vez más alineada con el poder político, y una provincia atrapada en el fondo de los rankings nacionales. Los datos son oficiales y públicos. Bajo la actual gestión, el derrumbe judicial ya no admite explicaciones ni excusas: es un problema estructural que afecta directamente a la calidad democrática y a la seguridad jurídica de los catamarqueños.
