La Inspección General de Justicia (IGJ) lanzó una dura ofensiva contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga del Chiqui Tapia, al denunciar que ambas entidades operan “al margen de la ley” y anunciar la citación a los auditores que certificaron balances con cifras millonarias sin respaldo ni aprobación formal.
El titular del organismo, Daniel Vítolo, expuso las irregularidades en una entrevista con Radio Rivadavia, y remarcó que la intervención de la IGJ no apunta al plano futbolístico, sino al control legal y contable de asociaciones civiles que manejan recursos de enorme magnitud sin rendir cuentas.
Balances sin aprobar y cifras sin explicación
Vítolo sostuvo que la AFA funciona desde hace ocho años con balances no aprobados por la autoridad de contralor y con reformas estatutarias también irregulares, una situación que calificó como inédita en cualquier otra asociación civil del país.
“La pregunta es muy simple y se hace desde hace años: estas cifras globales que figuran en el balance, ¿cómo están compuestas?”, explicó. Como ejemplo, mencionó rubros de 40, 50 o hasta 20 millones de dólares identificados como “varios”, “otros” o “gastos de administración”, sin ningún detalle sobre su destino.
Según el funcionario, la respuesta sistemática de la AFA fue el silencio absoluto. “No responde, no contesta”, sintetizó.
“Se comportan como si fueran países independientes”
En su exposición, Vítolo apuntó también contra la lógica institucional de la FIFA, que —según dijo— se presenta como una estructura autónoma, ajena a las leyes nacionales.
“La FIFA está montada como si fuera un país independiente y hace creer que no es una federación de asociaciones civiles, sino una entidad con reglas propias por encima de los Estados”, afirmó. En ese esquema, las federaciones funcionarían como embajadas, blindadas frente al control judicial local.
Explicó que los estatutos de la AFA y de otras federaciones prohíben recurrir a la justicia ordinaria, obligando a resolver conflictos exclusivamente en tribunales arbitrales internos o en instancias internacionales, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, Suiza. Como ejemplo, citó el caso de Juan Sebastián Verón, cuya sanción solo podía ser revisada fuera del país.
El mito de la sanción de la FIFA
Vítolo también relativizó el argumento habitual de que una intervención estatal podría derivar en sanciones deportivas internacionales. Recordó que en Bolivia y Brasil, donde hubo intervención judicial o estatal, la FIFA no tomó ninguna medida concreta ni descalificó procesos electorales.
En ese sentido, señaló que la CONMEBOL llegó a tener estatus de embajada en Paraguay hasta el escándalo del FIFA Gate en 2015, lo que —según afirmó— consolidó durante años un esquema de impunidad institucional.
Universidades inexistentes y blindaje político
Entre las irregularidades denunciadas, Vítolo mencionó la creación por parte de la AFA de una supuesta universidad sin aprobación oficial, con carreras inexistentes y sin aval de la CONEAU, además de autoridades designadas para una entidad “que ni siquiera estaba constituida legalmente”.
También reveló que la AFA intentó blindarse políticamente incorporando funcionarios públicos a su Consejo Directivo, iniciativa que fue rechazada por la IGJ en 2023.
Superliga y derechos televisivos
El titular de la IGJ extendió las críticas a la Superliga, encargada de la comercialización de los derechos de transmisión por cifras multimillonarias. Según indicó, desde hace cinco años el organismo le exige explicaciones sobre rendiciones de cuentas por 70 millones de dólares sobre un total de 120 millones, sin que se haya informado cuánto recibió cada club.
“La Superliga hace exactamente lo mismo que la AFA”, afirmó.
Veedores, auditores y posible intervención
Ante la falta de respuestas, Vítolo advirtió que la IGJ no tolerará más dilaciones. Anunció que, de persistir el incumplimiento, se designará un veedor con facultades para ingresar con fuerza pública, abrir cuentas y analizar movimientos financieros.
En ese marco, denunció que la AFA intentó mudarse de jurisdicción a la provincia de Buenos Aires para eludir el control. Una maniobra que consideró “absolutamente nula” por no haber resuelto previamente las irregularidades pendientes en la jurisdicción original.
Además, confirmó la apertura de sumarios contra los auditores que firmaron los balances. “Si certificaron que 44 millones de dólares en gastos de selecciones nacionales están bien. Ahora tienen que explicar cómo llegaron a ese número y qué incluye”, subrayó.
Consultado sobre por qué estas preguntas se hacen ahora, Vítolo fue contundente: “Se hacen desde hace ocho años. La diferencia es que antes nadie hizo nada”.
