La funcionaria sostuvo que el Ejecutivo no dará marcha atrás y que insistirá con la validez del protocolo. Además, remarcó que la decisión judicial afecta una política que, según el Gobierno, buscó garantizar la libre circulación y el orden en el espacio público.
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La decisión judicial que suspendió el protocolo
El fallo protocolo antipiquetes fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El magistrado resolvió dejar sin efecto la medida tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, el juez sostuvo que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para dictar normas que restrinjan derechos constitucionales básicos.
Entre ellos, mencionó la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la libertad de reunión. Además, el fallo cuestionó que el protocolo permitiera la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad sin control judicial previo. Según el magistrado, esa atribución corresponde exclusivamente al Poder Judicial y no puede delegarse en una decisión administrativa.
La postura del Gobierno y la apelación
Tras conocerse la resolución, Monteoliva afirmó que el Gobierno avanzará con la apelación del fallo. “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, expresó la ministra a través de un mensaje público.
Asimismo, aseguró que la decisión judicial representa un retroceso en materia de seguridad. Según explicó, el Ejecutivo considera que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos suficientes para mantenerse vigente.
En ese sentido, la funcionaria remarcó que el objetivo del Gobierno de Javier Milei es sostener una política que garantice la convivencia social. Por eso, insistió en que la apelación buscará revertir el fallo protocolo antipiquetes en instancias superiores. Mientras tanto, la resolución judicial seguirá vigente hasta que la Justicia se expida nuevamente.
