El PRO cuestionó la designación de auditores en la AGN durante la última sesión en Diputados y ratificó la denuncia judicial presentada. El bloque explicó que su retiro del recinto respondió a razones institucionales y que el resultado ya estaba definido.
El bloque de diputados del PRO negó haber facilitado la votación para designar a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación. En ese marco, aseguró que la aprobación se apoyó en un acuerdo político previo entre otros bloques.
Según explicaron desde el espacio, La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal contaban con los votos necesarios. Por lo tanto, sostuvieron que la decisión del PRO no influyó en el desenlace parlamentario. Ya el pasado 18 de diciembre hubo un duro comunicado del PRO contra La Libertad Avanza por «pactar con los K» en la designación de las nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación.
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El argumento legal del retiro del recinto
Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo afirmaron que el retiro de la sesión respondió a la necesidad de no convalidar un procedimiento que consideran inconstitucional. “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad”, señalaron en un comunicado oficial.
En ese sentido, cuestionaron que la votación se realizara de madrugada y sobre un tema que no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Además, indicaron que el tratamiento vulneró el artículo 63 de la Constitución Nacional.
Los legisladores del PRO remarcaron que permanecer en el recinto, incluso para votar en contra, habría implicado legitimar un acto que consideran viciado. Por esa razón, sostuvieron que la única opción institucional fue abandonar la sesión.
La vía judicial y el escenario político
Como respuesta, el PRO recordó que presentó una acción judicial para impugnar las designaciones de Pamela Caletti, Mónica Almada y José Forlón. El recurso sostiene que el procedimiento careció de competencia funcional y afectó el debido proceso legislativo.
En presentaciones posteriores, el bloque insistió en que las designaciones resultan nulas y que los actos derivados de ese proceso carecen de validez jurídica. Además, reafirmaron que no participarán de acuerdos que se realicen a espaldas del Congreso.
Por último, desde el PRO señalaron que el conflicto se resolverá en la Justicia y no en el plano político. Mientras tanto, desde el Gobierno sostienen que la designación de los auditores fue regular y que el tema no alterará el funcionamiento parlamentario.
