El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, lanzó una dura crítica contra el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra Patricia Bullrich y aseguró que “reprimir toda protesta es una dictadura”. Así, advirtió sobre los riesgos de anular el derecho constitucional a manifestarse. Durante una entrevista en Radio La Red, el funcionario remarcó que el Estado debe garantizar el orden sin recurrir a prácticas autoritarias.
Alonso sostuvo que en la Provincia de Buenos Aires siempre se trabajó para compatibilizar derechos y, además, evitar respuestas represivas generalizadas. En ese marco, afirmó que no se puede criminalizar a quien protesta, ya que hacerlo implica desconocer una tradición democrática básica. Así, remarcó que el uso de la fuerza debe ser racional y legítimo, y no una herramienta de disciplinamiento social.
Críticas a los excesos y al enfoque nacional
Al referirse al fallo judicial que suspendió la aplicación del protocolo a nivel nacional, el ministro evitó opinar sobre la cuestión estrictamente jurídica. Sin embargo, señaló que comparte el cuestionamiento de fondo y advirtió que hubo excesos notorios por parte de las fuerzas federales, especialmente en manifestaciones protagonizadas por jubilados, trabajadores de prensa y ciudadanos sin antecedentes de violencia.
Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden.
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 29, 2025
El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden. pic.twitter.com/mtn5JC64iQ
En ese sentido, Alonso sostuvo que las imágenes de represión indiscriminada terminan debilitando cualquier política de seguridad. Además, afirmó que cuando se pierde legitimidad social, el protocolo fracasa, ya que la autoridad no puede sostenerse solo desde la coerción. En consecuencia, planteó que ordenar la calle no puede equivaler a suprimir derechos.
Dos derechos en tensión permanente
El ministro explicó que existe una tensión estructural entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la protesta, pero aclaró que ninguno puede imponerse anulando al otro. Según indicó, el rol del Estado consiste en administrar ese conflicto con equilibrio, sensibilidad política y apego a la ley, evitando respuestas automáticas que profundicen los conflictos sociales.
Asimismo, recordó que en la provincia nunca se permitió el corte total de autopistas ni de arterias estratégicas. No obstante, diferenció esa política de una lógica represiva generalizada y sostuvo que ordenar el tránsito no puede transformarse en una excusa para reprimir, ya que eso rompe el contrato democrático entre el Estado y la ciudadanía.
Diferencias con el accionar federal
Alonso también cuestionó situaciones en las que las propias fuerzas federales cortan accesos en territorio bonaerense para evitar protestas en la Ciudad de Buenos Aires. Así, advirtió que el protocolo nacional presenta contradicciones operativas que terminan trasladando el problema de un distrito a otro sin resolver el conflicto de fondo.
Por otro lado, destacó que la Justicia bonaerense respalda el accionar policial cuando es correcto y ajustado a derecho. Sin embargo, dijo que actúa con firmeza frente a los abusos. En consecuencia, subrayó que los efectivos que se exceden o falsean procedimientos terminan detenidos y sometidos a proceso, lo que refuerza la legitimidad institucional.
Seguridad, democracia y límites
Finalmente, el ministro insistió en que las fuerzas de seguridad no tienen “patente de corso” y que su autoridad depende del respeto irrestricto a la ley y a los derechos humanos. Según expresó, garantizar el orden público no puede implicar prácticas propias de regímenes autoritarios ni la naturalización de la violencia estatal.
