El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que “si creemos que la protesta es un delito esto se convierte en una dictadura”, al respaldar un fallo judicial que suspendió el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional, pese a que durante las gestiones kirchneristas se consolidaron cortes crónicos, acampes prolongados y bloqueos totales en la vía pública sin intervención efectiva del Estado.
El discurso garantista y los hechos que lo contradicen
Las declaraciones de Alonso en Radio Splendid se produjeron luego de que el juez Martín Cormick suspendiera de manera provisoria el protocolo implementado durante la gestión de Patricia Bullrich, aunque la medida fue apelada y todavía no se encuentra firme.
“El Gobierno nacional tendrá que revisar cómo regular la protesta porque, si no, retrocedemos antes de la Revolución Francesa”, afirmó el funcionario bonaerense. Sin embargo, omitió mencionar que desde hace años la provincia de Buenos Aires es escenario de cortes permanentes en accesos clave, rutas provinciales y avenidas centrales, afectando a millones de trabajadores sin que existiera una política clara para garantizar la libre circulación.
La doble vara del kirchnerismo frente a la protesta
Alonso sostuvo que en la provincia “nunca se discutió” la necesidad de que las calles estén liberadas. No obstante, los registros de los últimos años muestran acampes de semanas enteras, piquetes sin límite horario y manifestaciones que paralizaron zonas enteras del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, sin desalojos ni sanciones.
Paradójicamente, el propio ministro recordó que durante la pandemia Bullrich participó de protestas en la avenida 9 de Julio. Aunque evitó señalar que el kirchnerismo permitió cortes sistemáticos incluso fuera de contextos excepcionales. En consecuencia, naturalizando una práctica que el Gobierno actual busca ordenar.
Orden público y derechos: el eje del debate
Mientras Alonso planteó que “no se puede cercenar el derecho a protestar”, desde el oficialismo remarcan que el protocolo antipiquetes no prohíbe manifestaciones. En su lugar, apunta a evitar bloqueos totales, garantizar la circulación y proteger a quienes no participan de las protestas.
Desde el Gobierno nacional sostienen que defender el orden público no es criminalizar la protesta, sino cumplir con una obligación básica del Estado. Garantizar derechos en equilibrio, sin que una minoría imponga su reclamo sobre millones de ciudadanos.
