El Gobierno de Javier Milei nacional creó la Comisión Nacional de Bioética, un organismo que evaluará los aspectos éticos vinculados al desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud. La medida se oficializó a través del Decreto 893/2025 y ubicó a la Comisión bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.
La iniciativa buscó reforzar la capacidad del Estado frente a los desafíos éticos, morales y legales que genera el avance científico. El decreto fijó criterios comunes para proteger a los sujetos de investigación y asegurar la integridad de los ensayos clínicos.
Te puede interesar: Axel Kicillof marchó con la CGT y atacó a Milei: «No hay sector que le vaya bien»
La Comisión será el único organismo rector en materia de bioética a nivel nacional. El objetivo es ordenar un sistema fragmentado, con superposición de funciones y competencias poco claras dentro del área de salud.
Cambios institucionales y alcance del decreto
Para centralizar funciones, el Gobierno de Javier Milei derogó la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998 y sin actividad efectiva. También disolvió el Comité de Ética en Investigación y el Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, ambos dependientes del Ministerio de Salud.
Las funciones de esos organismos pasarán a la nueva Comisión. El decreto estableció que deberá reunirse al menos dos veces por año. Podrá abordar temas por iniciativa propia, a pedido de organismos públicos o ante situaciones que requieran un análisis bioético urgente.
Funciones y composición del organismo
Entre sus tareas principales, la Comisión asesorará al Poder Ejecutivo y a otros organismos del Estado. También establecerá estándares éticos para la investigación en salud y el uso de nuevas tecnologías. Además, elaborará informes, recomendaciones y promoverá espacios de capacitación y debate público.
El organismo funcionará dentro del Ministerio de Salud y será presidido por el ministro Mario Lugones. Estará integrado por seis miembros titulares y tres suplentes. Deberán ser especialistas en ética, expertos en salud, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía o Economía. Todos cumplirán sus funciones ad honorem.
El decreto también creó el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, con representantes de las provincias. Su función será acreditar comités jurisdiccionales, consensuar criterios y asistir en casos que involucren a más de una jurisdicción. El objetivo es unificar estándares éticos en todo el país.
