El presidente Javier Milei envió al Congreso Nacional un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, con el objetivo de actualizar la regulación ambiental y habilitar nuevas inversiones productivas. La iniciativa fue confirmada este lunes por la Oficina de la Presidencia a través de un comunicado oficial.
Según explicó el Gobierno, la Ley N.º 26.639, sancionada en 2010, generó conflictos por su aplicación y limitó el desarrollo de proyectos en distintas provincias. En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que la normativa dio lugar a interpretaciones discrecionales que afectaron la actividad económica y la planificación territorial.
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Los fundamentos oficiales de la reforma
Desde Casa Rosada señalaron que el proyecto busca definir con mayor precisión qué zonas deben ser consideradas glaciares y cuáles periglaciares. De este modo, la propuesta apunta a proteger áreas con función hídrica real, sin bloquear actividades productivas compatibles con el cuidado ambiental.
Además, el texto remarca que la reforma respeta el artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege el ambiente, y el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Por eso, el Gobierno de Javier Milei plantea reforzar el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental.
Impacto económico y debate ambiental
El proyecto responde a pedidos de provincias vinculadas a la minería, en especial las que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. De acuerdo con fuentes oficiales, una modificación de la ley podría destrabar inversiones en proyectos de cobre por más de 35.000 millones de dólares.
Referentes del sector minero indicaron que muchos proyectos se encuentran en zonas hoy clasificadas como periglaciares. Por ese motivo, sostienen que una definición más clara permitiría avanzar con obras, generar empleo y aumentar el ingreso de divisas.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo a la iniciativa. Alertaron que una reforma podría habilitar actividades con alto impacto ambiental y poner en riesgo reservas estratégicas de agua. Así, el debate anticipa una fuerte discusión política y técnica en el Congreso durante las próximas semanas.
