El presidente Javier Milei analiza descongelar los sueldos de los funcionarios del Gabinete a partir de enero, en la Casa Rosada, luego de dos años sin aumentos por decisión política propia y en medio de crecientes tensiones por la pérdida salarial acumulada.
Según se explicó en A24, el Gobierno ya habilitó la discusión interna y ahora resta la decisión final del Presidente. Además, el ajuste buscaría recomponer solo una parte del poder adquisitivo perdido, sin equiparar la inflación acumulada desde el inicio del congelamiento.
Cuánto ganan hoy y cuál sería el aumento
Actualmente, Milei percibe alrededor de 4 millones de pesos brutos, mientras que la vicepresidenta cobra unos 3,7 millones. Asimismo, los ministros rondan los 3,5 millones, los secretarios 3,2 millones y los subsecretarios cerca de 2,9 millones brutos.
En ese marco, el aumento que se evalúa sería cercano al 100%, aunque seguiría por debajo de la inflación acumulada, que supera el 240%. Sin embargo, el Gobierno busca referencias que eviten comparaciones “odiosas”, como los incrementos otorgados a estatales y jubilados.
Por otro lado, en el oficialismo remarcan que, incluso con la suba, varios funcionarios quedarían alcanzados por el impuesto a las Ganancias, lo que reduciría el impacto neto en sus ingresos de bolsillo.
Comparaciones con el Congreso y la fuga de talento
Uno de los argumentos centrales es la brecha con el Poder Legislativo. Mientras tanto, diputados cobran cerca de 5 millones brutos y senadores superan los 9 millones, con casos que duplican el salario presidencial.
Además, referentes políticos advierten que el congelamiento prolongado está provocando la salida de cuadros técnicos del Estado. En consecuencia, áreas sensibles pierden funcionarios con alta responsabilidad que encuentran mejores oportunidades en el sector privado.
Finalmente, la decisión quedará en manos de Milei, que ya dio un visto bueno inicial para avanzar con el análisis. Así, el eventual descongelamiento se convertirá en una nueva prueba de equilibrio entre el ajuste fiscal, la política salarial y el costo político del anuncio.
