Javier Milei analiza vetar el Presupuesto 2026 aprobado en la Cámara de Diputados. Según el Gobierno, el texto final altera el equilibrio fiscal comprometido y limita la derogación de leyes sensibles como financiamiento universitario y discapacidad. En consecuencia, el Ejecutivo considera que el proyecto no refleja el programa económico original ni las metas de superávit acordadas.
Además, tras la media sanción, en la Casa Rosada reconocen que el capítulo 11, que incluye el artículo 75, impide avanzar sobre normas que el oficialismo buscaba derogar. Así, se abrió la posibilidad de un veto presidencial si el Senado ratifica el texto tal como salió de Diputados. Mientras tanto, el Gobierno evita formalizar esa postura de manera pública.
El capítulo que encendió la alarma
Sin embargo, el foco del conflicto está puesto en el artículo 75 del capítulo 11, que mantiene vigentes partidas vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad. Por otro lado, desde el oficialismo sostienen que esas erogaciones dificultan cumplir la meta de superávit fiscal incluida en el propio proyecto presupuestario.
Asimismo, fuentes cercanas al Ejecutivo admiten que hubo un error en la estrategia de negociación parlamentaria. Luego de semanas de diálogo con gobernadores y bloques aliados, el Gobierno esperaba aprobar el Presupuesto sin cambios sustanciales. No obstante, la votación particular expuso fisuras políticas que ahora condicionan el trámite en el Senado.
Por otro lado, en el Congreso señalan que el Presupuesto fue aprobado en general con amplio respaldo, pero que el conflicto surgió en la votación por capítulos. Así, algunos legisladores advierten que insistir con el veto podría profundizar tensiones con aliados circunstanciales, especialmente tras el traspié reciente de la reforma laboral.
Escenarios abiertos en el Senado
Mientras tanto, el proyecto debe ser tratado en la Cámara alta, donde el oficialismo evalúa un último intento para modificar los artículos cuestionados. Sin embargo, cualquier cambio obligaría a que el texto regrese a Diputados, lo que podría demorar su sanción hasta febrero. En consecuencia, crece la incertidumbre sobre los tiempos legislativos.
Finalmente, en el Gobierno no descartan gobernar sin Presupuesto propio, amparados en antecedentes recientes, aunque reconocen que sería una señal institucional negativa para el mercado. Así, entre el veto, la renegociación o la aceptación del texto actual, Milei enfrenta una definición clave que marcará el rumbo político y económico de 2026.
